El Tribunal Supremo plantó una cuestión de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional por la ley que exige a las televisiones privadas invertir parte de sus ingresos en financiar producciones de cine españolas y europeas.
La ley de 1999 va en contra del derecho constitucional de la libertad de empresa, según un auto difundido por el tribunal que remitirá al caso a la más alta instancia por considerar que la obligación de destinar el 5% de sus ingresos de explotación al cine afecta la libertad empresarial.
“A nuestro juicio, no resulta indispensable (…) añadir al elenco de medidas públicas protectoras de la cinematografía, otra adicional que suponga para los operadores televisivos una evidente mengua de la esfera de su libertad empresarial como es la de forzarles a invertir en los términos en que lo hace la Ley objeto de debate”, dijo el auto.
El tribunal no pone en duda la legitimidad del apoyo al cine sino la forma de esta ley ya que estima que los impulsos a la industria deberían ir más enfocados a la distribución.
“No existe, según nuestro parecer, una razón imperiosa de interés general que exija de modo coactivo la vinculación forzosa de una parte de los ingresos de los operadores televisivos a las inversiones ya referidas y que revista la fuerza necesaria para imponer a las empresas de aquel sector el sacrificio de su libertad garantizada por el artículo 38 de la Constitución, en beneficio de la actividad cinematográfica”, agregó
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