El Ministerio de Industria, encargado de controlar el sector audiovisual y velar por los contenidos de las televisiones, impuso el año pasado a los operadores multas que ascendieron a casi cinco millones de euros. La mayoría de las infracciones cometidas están relacionadas con la publicidad, aunque las cadenas también vulneraron los derechos de los menores, especialmente protegidos en la Ley de Televisión sin Fronteras, que ha estado en vigor hasta el 1 de mayo de 2010 (a partir de esa fecha, el sector está regulado por la Ley General de la Comunicación Audiovisual).
Según informa El País, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, dependiente de Industria, abrió el año pasado 36 expedientes, que en su conjunto se saldaron con un paquete de sanciones que suman 4.868.581 euros. Las televisiones cometieron 399 infracciones, de las cuales un alto porcentaje está relacionado con la publicidad. Los operadores se saltaron casi todas las normas que regulan la emisión de anuncios. Por emitir más publicidad de la que marca la ley (12 minutos de anuncios comerciales por hora más cinco de autopromoción) se produjeron 148 infracciones. Y 182 por no respetar lo establecido sobre la identificación y colocación de la publicidad y los anuncios de televenta.
Industria también multó a las televisiones por interrumpir los programas más veces de las autorizadas. La ley que estaba en vigor en 2009 establece, por ejemplo, que las retransmisiones deportivas no pueden ser interrumpidas en los momentos de “máximo interés” y que las películas solo pueden ser cortadas cada 45 minutos, una restricción que no siempre se cumple. De hecho, Industria cazó 57 infracciones. Además, los operadores emitieron publicidad encubierta, lo que se tradujo en ocho infracciones. Otras tres estuvieron relacionadas con la vulneración de las normas sobre protección al menor. La ley deja claro que la emisión de programas susceptibles de perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores solo puede realizarse entre las diez de la noche y las seis de la mañana y, además, avisando del contenido con medios acústicos y ópticos.
Industria abrió también un expediente por incumplir la norma que obliga a las televisiones a invertir el 5% de sus ingresos anuales en largometrajes cinematográficos y películas para televisión de producción europea.
Esta labor de vigilancia que ahora desempeña Industria pasará a estar en manos del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, una autoridad independiente cuya creación está prevista en la Ley Audiovisual. Ese organismo, cuyos miembros serán designados por el Parlamento, velará por el cumplimiento de las normas.
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