Tras la decisión tomada por la AIMC de expulsar a la Cope y de no publicar sus datos de la primera oleada de 2005, la emisora de radio ha anunciado que adoptará “medidas legales” y pedirá, entre otras cosas, la “suspensión cautelar” de la medida “porque ha habido irregularidades incluso en el proceso de expulsión”.
Uno de los pocos medios que apoyan a la COPE es el periódico La Razón, que desde su editorial afirma que “la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) adoptó, en su reunión extraordinaria de ayer, dos decisiones que, por diferentes motivos, se antojan alejadas de la ecuanimidad y prudencia habituales de este organismo”.
Desde el lado opuesto, el presentador de Hora 25 la Cadena Ser, Carlos Llamas, en la web de esta emisora se puede leer el siguiente comentario: “Por qué uno de sus profesionales infiltró encuestadores pirata, que lo primero que hicieron fue inflar las cifras de audiencia de quien les daba ese empleo sumergido. Que todo esto se haga en la cadena de los obispos retrata hasta donde llega en algunos el nivel moral de sus actos”.
Llamas termina preguntándose “¿Cuántos de los oyentes de la COPE son reales y cuántos son hijos bastardos de un comportamiento cuasi delictivo? ¿Es ésa la familia radiofónica ejemplar que defiende la cúpula católica española? Cuanto más se conoce a algunos, mejor nos caen los Corleone”.
Por su parte, Vocento, uno de los grupos con los que los profesionales de la Cope mantienen más que un altercado verbal, ha anunciado que va a presentar una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Competencia contra la Cope y uno de sus comunicadores, Federico Jiménez Losantos, por “un acto de denigración del competidor”. Esta misma mañana el periodista de la Cope Federico Jiménez Losantos ha pedido en su programa La mañana a los suscriptores del diario ABC que se den de baja.
No obstante, Vocento ha puntualizado que las demandas “siempre se pueden retirar” y ha destacado que lo que quieren es que la dirección de la cadena radiofónica “tome medidas”, para lo que van a dirigirse “seriamente” a la Conferencia Episcopal Española (CEE), propietaria de la Cope, con objeto de que la emisora acabe con las “mentiras” y “ataques” contra Vocento.
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