El gobierno español ha aprobado la supresión total de la publicidad en las cadenas de televisión públicas españolas. La vicepresidenta del gobierno María Teresa Fernández de la Vega ha realizado el anuncio tras el Consejo de Ministros.
Las operadoras de telecomunicación y los anunciantes lanzan su contraofensiva.
El gobierno español ha aprobado el nuevo modelo de financiación de Radiotelevisión Española (RTVE) y en esta nueva financiación no entran los ingresos publicitarios. La decisión se debe a la importante caída de las inversiones publicitarias, que afecta a la cuota de mercado publicitario de las cadenas privadas, según ha declarado de la Vega.
La financiación de RTVE procederá de aportaciones del estado y cuotas del 3% y el 0,9% de los ingresos de televisiones privadas y operadoras de telecomunicaciones, respectivamente. De la Vega justifica esta decisión con los "beneficios e ingresos derivados de esa utilización de lo audiovisual en sus negocios privados", refiriéndose a las operadoras. Por otra parte, se podría dedicar el 80% de los impuestos derivados del uso del espacio radioeléctrico, así como la explotación de servicios y productos.
La propuesta aun tiene que pasar por el Consejo de Estado y por la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
La nueva televisión refuerza su apuesta por el servicio público, por lo que solo se permitirá financiar programas de servicio público, lo que excluye derechos de emisiones de alto valor. Se podrá dedicar un 10% del presupuesto para retransmisiones de eventos deportivos, a excepción de eventos olímpicos.
Las operadoras contraatacan
Por su parte las operadoras de telecomunicaciones han reaccionado con agresivas medidas, anunciadas antes de que se aprobase el proyecto. La Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de España (AETIC) ha amenazado con despidos en el sector y considera "arbitraria" y "sin sentido" la propuesta y recalca que influirá en la economía de los consumidores pues habrá aumentos de precios.
Las operadoras de telefonía se han propuesto señalar en color rojo el 0,9% de aumento que experimentará la tarifa para hacer conscientes a los consumidores de la responsabilidad del gobierno. Además, no descartan llevar el caso a los tribunales.
Los anunciantes, en pie de guerra
Antes de que fuera un hecho, la AEA había expresado su desacuerdo con la idea de la reducción "drástica" de la publicidad en la cadena pública a través de diversos comunicados.
MarketingDirecto habló con el director general de la Asociación Española de Anunciantes, Juan Ramón Plana, el cual aún es optimista y cree que podrá mantenerse un diálogo con el Gobierno. "Después de todo lo efectuado vamos a intentar convocar a todas las asociaciones firmantes y a personas que han tomado acciones para seguir efectuando pasos", explicó Plana.
Las agencias tampoco parecen estar de acuerdo con la medida. MarketingDirecto habló también con Ángel Riesgo, presidente de DDB España, para el cual el proyecto de ley es una "barbaridad", que no había vivido en sus treinta años de carrera y que tendrá serias consecuencias.
"Estamos hablando de que el 27% de los GRPs y cerca de 300 millones de euros dejen de estar en nuestro negocio". Las consecuencias se vivirían por tanto en el plano económico, pero también en el laboral: "Si de verdad se pierden 300 millones de euros en este negocio eso son aproximadamente 1.000 puestos de trabajo". Además, "el GRP subirá de precio, será de mala calidad, pero subirá de precio". Riesgo vaticina el hundimiento del ente público si se suprime la publicidad: "En TVE no habrá ni deportes ni grandes películas con lo cual se hundirá".
Sin embargo, hay agencias que ven en esta decisión una oportunidad de cambio. Hablamos también con Ugo Ceria, de JWT-Delvico, que ve positiva la eliminación de publicidad en TVE. "Es un reto para los planificadores. El dinero que iba destinado a la televisión pública podrá destinarse a cosas distintas", explica.
La opinión de los consumidores
La satisfacción de los consumidores, y no de las empresas, debe ser el principal fin de la televisión pública. Por eso, los consumidores consideran que el efecto positivo que tendrá en los usuarios la supresión de los contenidos publicitarios.
Pero la principal asociación de consumidores, FACUA, cree que la medida debe acompañarse de medidas que garanticen el mantenimiento de un presupuesto anual a la altura de una televisión pública con contenidos de calidad y atractivos que sigan manteniéndola como un referente para los espectadores. La Asociación demanda al Gobierno que la eliminación de la publicidad en TVE se sume a una mayor apuesta por contar con una televisión pública de calidad.
En este sentido, demanda que las cantidades con las que deban cofinanciarla las cadenas y plataformas de televisión se fijen con criterios de proporcionalidad con respecto a los beneficios que obtendrán de la eliminación de un competidor en la captación de anunciantes.
Asimismo, pide al Gobierno que garantice una política de ahorro, con la optimización de recursos propios de TVE, priorizando la producción interna y de servicio público. FACUA espera que la medida no acabe desembocando en la privatización o eliminación de ningún canal de la televisión pública.
Todo ello a fin de evitar que el beneficio para los usuarios que supondrá la supresión de la publicidad no provoque efectos negativos que representen una devaluación en la calidad y la audiencia de la televisión pública.
En relación a las consecuencias que la eliminación de la publicidad tendrá en los contenidos, FACUA espera que el Gobierno cree una nueva comisión de control, en el que dé participación a las asociaciones de consumidores y usuarios representativas, donde se garantice que la programación no incluya publicidad encubierta de marcas comerciales, algo habitual en programas y, especialmente, telefilmes y series de televisión.
Por otro lado, espera que la medida implique también el regreso de un programa dedicado exclusivamente a la información a los consumidores sobre sus derechos y la denuncia de las prácticas abusivas o fraudulentas llevadas a cabo por determinadas empresas, hasta ahora anunciantes de la televisión pública.
Visiones contrapuestas
La reforma de la televisión pública española llega en un momento en el que los discursos sobre lo público y lo privado cambian. Si hasta hace unos años, el hecho de que no hubiese publicidad en los medios públicos era sinónimo de independencia y de que no habría intereses privados interpuestos en la labor de información veraz y servicio público, hoy en día este discurso ha sido superado por un enfoque más neoliberal en el que la ausencia de publicidad y la financiación pública significa control gubernamental o proteccionismo. Para Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, la supresión de la publicidad supondría poner al ente público en manos de intereses y grupos privados y la información ya no podría ser independiente.
El plan de supresión de la publicidad en la televisión pública española está generando opiniones contrapuestas. La analista de Espirito Santo Sandra Sousa, citada por Wall Street Journal, afirma que el movimiento será beneficioso para las cadenas de televisión privadas, pero las caídas que experimenta actualmente el mercado publicitario español podrían limitar el impacto de la medida; "Los anunciantes no aumentarán necesariamente su inversión en los canales privados solo porque no se puedan anunciar más en la televisión pública", afirma Sousa.
Las televisiones públicas europeas cuentan con sistemas de financiación diferentes. En Francia, la televisión pública ha iniciado a principios de 2009 una reducción gradual de la publicidad que se extenderá hasta 2011. Este modelo es el que sigue la propuesta de nueva financiación que se baraja en España, y se ha enfrentado a críticas que afirman que el gobierno tendría más control sobre los medios públicos. Otros modelos de televisión pública, como la alemana, no admiten publicidad a partir de las ocho de la tarde. La BBC, televisión pública privada, no tiene publicidad.
¿Cómo se financiará TVE?
Cuando entre en vigor la Ley, RTVE se financiará sólo con ingresos públicos. Una parte será vía impuestos generales (555 millones de 2009), y el resto a través de tasas a empresas privadas (otros 550 millones).
Las televisiones privadas nacionales aportarán un 3% de sus ingresos anuales, mientras que los operadores de telecomunicaciones aportarán un 0,9%.
La Corporación percibirá el 80% de lo recaudado por la tasa sobre reserva de dominio público radioelectrico y contará con los ingresos del ejercio de sus actividades y por la comercialización de sus productos y servicios.
Ver Vídeo:
TVE SE QUEDA SIN PUBLICIDAD (POR LA NUEVA LEY DEL GOBIERNO)
ÁNGEL RIESGO Y LA LEY QUE SUPRIME LA PUBLICIDAD DE TVE
Por la relevancia que tiene la presente información, comunicamos a nuestros lectores que la noticia se irá actualizando a lo largo de la semana
Publicidad
Facebook
Meneame
Delicious
