La Comisión Europea está estudiando establecer una edad mínima común de 13 años para acceder a las redes sociales. La iniciativa, que Ursula von der Leyen ha calificado como «convincente», parte de un informe elaborado por un grupo de expertos que asesora a Bruselas. Si sale adelante, serviría para reforzar la protección de los menores en el entorno digital y obligaría a las plataformas a asumir un papel más activo.
La propuesta es el resultado de un proceso iniciado a finales de 2025, cuando, tras un intenso debate, la Comisión Europea creó un panel de especialistas para examinar esta cuestión. Tras meses de investigación y evaluación llega esta primera recomendación formal. Las conclusiones, presentadas ahora, servirán de base para que este organismo ejecutivo de la Unión Europea valore si impulsa una propuesta legislativa.
¿Cuál es la postura de la Comisión Europea?
Entre las principales medidas que está barajando la Comisión Europea figura impedir el acceso sin supervisión a las redes sociales a la franja más joven de los adolescentes. Los expertos también proponen implantar sistemas eficaces de verificación de edad y limitar funciones como el scroll infinito, la reproducción automática o las notificaciones constantes. El acceso sería gradual, dado que entre los 13 y los 15 años seguiría existiendo control parental, que iría desapareciendo progresivamente hasta los 18 años. Por otro lado, también se plantea la exclusión «total» de pantallas hasta los 3 años de edad.
La postura del Ejecutivo de la UE no pasa por un enfoque de «prohibición global», sino de ofrecer a los más pequeños las herramientas para que se encuentren en un «Internet adecuado» a cada una de sus etapas de desarrollo vital.
¿Por qué plantea la UE estas medidas?
El informe en el que se basa la Comisión alerta del impacto que las redes sociales tienen en los menores. Los niños y adolescentes europeos pasan entre cuatro y seis horas diarias frente a las pantallas. Cerca del 60% presenta problemas emocionales o psicosociales relacionados con internet, según los datos sobre los que se sustenta la postura de la institución.
En este contexto, los expertos consideran que la franja entre los 10 y los 13 años es especialmente vulnerable. Por ello, creen que antes de esa edad el acceso a las redes debería estar limitado y siempre bajo la supervisión de un adulto. En este sentido, consideran que el uso de las redes a esas edades «no aporta beneficios, pero sí aumenta potencialmente los riesgos».
«Al igual que no damos a nuestros hijos las llaves del coche antes de que tengan el permiso de conducir, ni les permitimos comprar alcohol hasta que la ley lo autoriza, debemos establecer la edad a la que los niños pueden acceder legalmente a las redes sociales», ha defendido Von der Leyen en la comparecencia de presentación de los resultados.
Pedro Sánchez respalda la postura europea
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado que la Unión Europea avance hacia una regulación común para limitar el acceso de los menores a las redes sociales. Además, ha subrayado: «España fue uno de los primeros países en impulsar este debate y en plantar cara a los tecno-oligarcas. Sigamos liderando. Garantizar una infancia libre y sana es una de las grandes batallas de nuestro tiempo».
La propuesta europea llega mientras España también trabaja en endurecer su propia legislación al respecto. El Ejecutivo español ya se encuentra en pleno desarrollo de una ley hacia esta misma dirección. Además, ha anunciado su intención de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años mediante sistemas obligatorios de verificación de edad.
UNICEF pide ir más allá
Por su parte, UNICEF España considera que fijar una edad mínima de 13 años es un paso positivo, pero insuficiente. La organización sin ánimo de lucro, como muchas otras asociaciones centradas en bienestar infantil, reclama exigir una mayor responsabilidad a las plataformas, implementar sistemas efectivos de verificación de edad y diseñar servicios digitales que prioricen el bienestar de los menores, más allá de una simple restricción de acceso. Para la ONG se trata de una cuestión que atañe a «gobiernos, familia y sociedad».
