El juicio contra Meta en California enfrenta a la compañía con una acusación que podría tener consecuencias mucho más allá de una posible sanción económica. Los estados demandantes buscan demostrar que Facebook e Instagram fueron diseñados para fomentar la adicción entre los menores y que Meta conocía los riesgos asociados a sus plataformas, pero priorizó otras cuestiones comerciales. El caso podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de las tecnológicas por el propio diseño de sus productos.
La particularidad del caso no reside únicamente en la posibilidad de que la compañía tenga que hacer frente a una compensación económica. Una de las cuestiones centrales es que los demandantes pretenden que un juez pueda intervenir sobre el funcionamiento de las plataformas y exigir modificaciones en determinadas características de Facebook e Instagram.
El juicio contra Meta avanza: una acusación centrada en el diseño de las plataformas
La Fiscalía sostiene que Meta diseñó sus productos de manera deliberada para fomentar comportamientos adictivos entre los menores. Su argumento se apoya, entre otras pruebas, en informes periciales, investigaciones y documentos internos de la compañía que, según los demandantes, demostrarían que Meta conocía determinados efectos negativos de sus plataformas.
El elemento clave de la acusación es precisamente la supuesta distancia entre lo que la compañía conocía internamente y el discurso que mantenía públicamente. Los estados pretenden demostrar que las investigaciones realizadas dentro de Meta reflejaban riesgos para los adolescentes mientras que, de puertas afuera, la empresa habría transmitido una imagen mucho más tranquilizadora sobre el impacto de sus servicios.
Los fiscales también cuestionan la efectividad de algunas de las herramientas de protección implementadas por Meta. Entre ellas figuran los límites diarios de uso o la función Take a Break, cuya utilización, según la acusación, habría sido reducida.
De una deuda millonaria a cambiar Facebook e Instagram
El periodista de CNN Jacob Ward ha destacado como uno de los aspectos diferenciales del proceso que sus consecuencias podrían ir mucho más allá de una indemnización.
Los estados podrían solicitar al juez modificaciones concretas en el funcionamiento de las plataformas, relacionadas, por ejemplo, con los sistemas de verificación de edad o determinadas funcionalidades dirigidas a los usuarios jóvenes. Entre las posibilidades planteadas se encuentra incluso la introducción de restricciones horarias para los menores. Por eso, el caso podría terminar afectando directamente al diseño de los productos de Meta y no únicamente a sus resultados económicos.
Los estados reclaman potencialmente hasta 1,4 billones de dólares en daños, una cifra que convierte el proceso en una amenaza económica extraordinaria para la compañía. Sin embargo, el alcance regulatorio que podría derivarse de una eventual victoria de los demandantes es uno de los elementos que mayor trascendencia otorgan al juicio.
Meta defenderá sus inversiones en seguridad
La compañía prepara una estrategia centrada en demostrar que ha destinado enormes recursos a seguridad y moderación de contenidos. Asimismo, la defensa se enfocará en que sus plataformas también pueden ofrecer beneficios a los jóvenes, como la posibilidad de encontrar comunidades y establecer conexiones sociales.
Meta considera que las acusaciones planteadas por los estados están alejadas de la realidad y cuestiona también la magnitud de las sanciones que se están reclamando. La defensa tendrá que responder además a la interpretación que los demandantes hacen de los documentos internos de la compañía y de las declaraciones públicas realizadas durante los últimos años por sus principales responsables.
Zuckerberg y Mosseri, llamados a declarar
Entre los nombres que tendrán un papel destacado en el proceso se encuentran Mark Zuckerberg, CEO de Meta, y Adam Mosseri, responsable de Instagram, que están llamados a declarar.
La presencia de ambos directivos resulta especialmente relevante para los demandantes porque pretenden confrontar sus declaraciones públicas con las investigaciones internas de Meta. El objetivo será determinar hasta qué punto los máximos responsables de la compañía conocían los posibles efectos de las plataformas sobre los adolescentes y cómo respondieron ante esa información.
La Fiscalía también intenta demostrar que existían deficiencias importantes en los mecanismos utilizados para impedir que los menores de 13 años accedieran a las plataformas o proporcionaran sus datos. No obstante, según el análisis de Ward, uno de los puntos que todavía presenta mayor incertidumbre es si los estados podrán demostrar exactamente qué cantidad de menores de 13 años sabía Meta que estaba utilizando sus servicios.
En California, además, el testimonio de familias y supervivientes está poniendo rostro humano a la acusación. Entre ellos se encuentra Lori, cuya hija Annalise se quitó la vida a los 18 años. Su madre sostiene que las redes sociales tuvieron un impacto psicológico determinante en ella y, ante las puertas del tribunal, leyó una de las últimas frases que la joven escribió en su diario: «Miro los perfiles de otras chicas y me hacen sentir peor» y «Nadie amará a alguien tan fea como yo».
Padres y supervivientes esperan ahora que el proceso determine si las plataformas de Meta pueden ser consideradas responsables por la manera en que fueron concebidas y por los efectos que, según los demandantes, ese diseño tiene sobre los menores. Si los estados consiguen demostrar su acusación, el juicio podría convertirse en un precedente para futuras demandas y legislaciones sobre la responsabilidad de las grandes plataformas tecnológicas y la protección de los menores en Internet.
