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Continúa el "dieselgate": el FBI a un alto ejecutivo de Volkswagen

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El dieselgate todavía le sigue pasando factura a uno de los fabricantes automovilísticos europeos de más renombre. Dos años después de que el trucaje de los motores Volkswagen saliera a la luz, el FBI ha arrestado a un directivo de la multinacional por acciones fraudulentas en Estados Unidos.

The New York Times identificó al directivo en cuestión, Oliver Schmidt, encargado de la oficina de cumplimiento legislativo de Volkswagen de 2014 a 2015. Desde la automovilística se prevé cerrar próximamente un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense que cese al fin la investigación de las autoridades acerca del trucaje de los motores.

La investigación mostró que Schmidt, junto a otros altos cargos de la multinacional, falsificó las descripciones técnicas de la emisión de los vehículos. Tales acciones se emprendieron con el objetivo de ocultar los elevados niveles de emisiones de óxido de nitrógeno de los automóviles, así como el software trucado de 11 millones de modelos diésel de todo el mundo.

Con todo, Schmidt no es el único ejecutivo que ha sido detenido por el trucaje de los motores. En junio del pasado 2016, las autoridades surcoreanas arrestaron a un alto cargo por falsificación de documentos y violación de las leyes medioambientales del país asiático.

Y, además de los rifirrafes con las autoridades de Corea del Sur, la firma se enfrenta con un nuevo problema en China. Allí, los modelos New Beetle y Golf Variant podrían estar equipados con una pieza defectuosa que obstaculiza el freno cuando el control de velocidad está activado. Las revisiones en el país asiático comenzarán el 6 del próximo mes, y las autoridades temen que el fallo podría afectar a cerca de 50.000 vehículos, apunta Antena3.com.

Pero las repercusiones del fatídico dieselgate trascienden del mero escándalo de reputación. Solo en Estados Unidos, Volkswagen deberá indemnizar a unos 500.000 propietarios de vehículos diésel de la marca. En total, se estima un desembolso de la multinacional de 15.000 millones de dólares al otro lado del charco. Si bien el daño a la imagen de marca no se puede medir en términos puramente económicos.

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