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La gestora de Burger King podría haber financiado ilegalmente al PSOE

El PSOE valenciano podría haberse financiado ilegalmente gracias a un Burger King

El Partido Popular ha solicitado la investigación de una posible financiación ilegal por parte de la gestora de Burger King al Partido Socialista en Benidorm, a cambio de no derruir un establecimiento.

Burger KingLos problemas del PSOE valenciano se acumulan. La presunta financiación ilegal del partido en Valencia ahora podría salpicar también a una de las compañías de comida rápida más populares de todo el mundo: Burger King. El Partido Popular ha pedido que se investigue la posible existencia de un delito de cohecho relacionado con la financiación ilegal del partido.

El PP sostiene que el PSPV recibió dinero ilegalmente de la empresa que gestiona y monta las franquicias de Burger King en España, Quick Meals, entre 2009 y 2015. El partido habría recibido dinero ilegalmente de la compañía, permitiendo que Burger King se mantuviera durante cinco años en un establecimiento ilegal en suelo público en una zona privilegiada de Benidorm.

La Agencia Tributaria ha acreditado que la compañía pagó gastos electorales del PSPV (Partido Socialista del País Valenciano) a la agencia Crespo Gomar, según ha publicado el diario El Mundo. A cambio, se habría ofrecido un trato de favor, permitiendo que el restaurante se localizase cerca del propio cementerio de la ciudad y de la orilla del mar, construido sobre suelo no urbanizable. Otras compañías que habrían recibido un trato de favor por parte del PSOE valenciano a cambio de tratos de favor son Hospimar 2000 S.L., Construcciones Blau Verd S.L., Centro Comercial y de Ocio La Vital o Metrovacesa.

Este Burger King se construyó en la ciudad en el año 1998, en un terreno cedido por particulares al Ayuntamiento, aunque los anteriores propietarios mantenían su usufructo durante diez años. En 2008 se estableció un desahucio, que fue recurrido por la empresa argumentando la licencia de actividad era de enero de 2001. La fecha final del desahucio se estableció para enero de 2011.

Ante una presión vecinal cada vez mayor en favor de la demolición del edificio, el alcalde, perteneciente al PSOE valenciano, comenzó un procedimiento que no terminó en desahucio. Una vez llegado el PP al Ayuntamiento, se produjo la demolición del edificio.

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