Los resultados de Glovo en 2019

A pesar de seguir aumentando sus ingresos, Glovo continúa incrementando sus pérdidas. Según los datos de la empresa procedentes del Registro Mercantil que recoge Cinco Días, la plataforma de reparto a domicilio triplicó sus ingresos hasta alcanzar los 218,5 millones de euros, pero duplicó sus pérdidas, que se situaron en los 199 millones de euros.

Estas cifras se deben a que la empresa continúa en fase de crecimiento y aún son muchos los gastos a los que hace frente, tal y como explica el medio, como los de personal, que duplicó en 2019, cuando pasó de 500 empleados a superar los 1.000.

Asimismo, figura en estos datos el pago de 13,8 millones de euros que tuvo que abonar la plataforma de delivery tras recibir las actas de liquidación de las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de varias provincias en las que opera, ya que los trabajadores de Glovo debían estar en el régimen general de la Seguridad Social y no en el de autónomos.

El auditor de la compañía, que prevé que otras ITTS hagan lo mismo en el futuro, explica que Glovo «ha presentado alegaciones a las actas presentadas por la ITTS, y presentará alegaciones a las actas que pueden devenir considerando que serán estimadas y si no prosperan, recurrirán y lo elevarán a instancias superiores».

Glovo deberá contratar trabajadores asalariados

En los últimos años, plataformas que se dedican al reparto a domicilio como Glovo o Deliveroo han generado un gran debate sobre el tipo de trabajadores que son sus empleados, los llamados «riders». Con el fin de establecer de forma definitiva el modelo laboral de las plataformas digitales, la ministra de trabajo Yolanda Díaz convocó a los agentes sociales el pasado mes de octubre.

Tras las negociaciones llevadas a cabo por empresas, Gobierno y sindicatos, finalmente se estableció la semana pasada que los riders que trabajan para estas empresas deberán ser trabajadores asalariados y no autónomos. El modelo no está cerrado y quedan aún puntos por definir, pero el ministerio de Trabajo evaluará las propuestas presentadas por sindicatos y empresas para elaborar la regulación.