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Hacienda exige información sobre pagos y ayudas a personas y empresas afines al "procés"

Hacienda investiga pagos a Mediapro, Gallina Blanca o IBM Global Services por su supuesta vinculación al "procés"

El Ministerio de Hacienda investiga una lista de empresas, personas y medios afines al “procés” que Jaime Roures califica de una “persecución político-judicial”.

procesEl referéndum del 1 de octubre sigue trayendo cola y no solo para los políticos, sino también para las marcas. Y es que, si hubo un gran número de empresas que decidieron trasladar sus sedes sociales de Barcelona a otras ciudades como Madrid o Valencia, ha habido otras que ni siquiera se lo han planteado.

Ahora, algunas de ellas han sido señaladas por el Ministerio de Hacienda que está dispuesto, con Cristóbal Montoro a la cabeza, a buscar a los responsables económicos del 1-O.

Es por ello que ha solicitado un requerimiento a la Generalitat de Cataluña en el que se exige un informe sobre pagos o ayudas a una lista de personas, empresas y medios con el objetivo de comprobar si ha habido algún tipo de financiación al referéndum ilegal.

Tal y como informa La Vanguardia, el requerimiento no solo se limita a pedir el detalle de lo abonado, sino también a la identificación de “los funcionarios, empleados públicos o autoridades responsables de dichas actuaciones”.

En esa lista figuran compañías como la audiovisual Mediapro y su presidente, Jaume Roures; Agrolimen, matriz de marcas tan conocidas como Gallina Blanca o Affinity; compañías tecnológicas como T Systems Iberia, IBM Global Services España, International Businesss Machines y DXC Technology Spain o medios como Diari Ara y periodistas como Antoni Bassas, Toni Soler, Albert Om, Eduard Voltas o Xavier Bosch.

Esta información deberá ser remitida a la Secretaría de Estado de Hacienda antes del 12 de marzo a las 10 de la mañana.

Tras conocerse esta petición del Ministerio, algunos de los señalados han salido al paso calificando el informe de Hacienda de “caza de brujas”, algo por lo que el PDeCat quiere que el ministro comparezca en el Congreso.

Así, el portavoz parlamentario del partido, Carles Campuzano, ha afirmado, según recoge el diario catalán, que la investigación “forma parte de la campaña de criminalización a entidades y personas vinculadas a la causa democrática del soberanismo”.

Por su parte, el empresario Jaume Roures ha defendido sus actuaciones asegurando que se trata de una “persecución político-judicial" ya que, “como deben justificar el ridículo que hicieron todos los aparatos del Estado del 1-O ahora se dedican a salpicar y buscar chivos expiatorios”.

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