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Un juez desestima la supuesta ilegalidad de Airbnb en Cataluña

turismo-catalunaTras la estocada de la Generalitat Catalana a Airbnb al considerar a la plataforma ilegal por ofrecer estancias en pisos ilegales allá por 2014, un juez ha anulado la sanción. La trifulca también viene protagonizada por el Ayuntamiento de Barcelona, en el que Ada Colau interpuso una serie de multas que también podrían ser anuladas.

El argumento principal por el que empezó este proceso fue por ofrecer apartamentos turísticos de forma “ilegal”, sanción a la que se le atribuyó la máxima cantidad posible, que sirvió de precedente por ser la primera de este tipo que se le intentó aplicar a una de estas plataformas de alojamientos.

Sin embargo, un juez de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha estimado el recurso presentado por Airbnb en el que argumentaban que no hay base para considerar la web “ilegal”, haciendo perder la batalle a la Generalitat.

El principal motivo por el que el magistrado ha anulado la sanción es el limbo legal en el que se encuentra Airbnb en España, en el que intermediar entre turistas y propietarios de apartamentos que no estaban inscritos en el Registro de Turismo de Cataluña no ha sido suficiente para aplicar siquiera las multas que se les atribuía.

Más allá de estas intermediaciones, técnicos del Gobierno catalán detectaron que en la web de Airbnb se ofrecían habitaciones en domicilios particulares, algo que su propia normativa prohíbe.

Pero por parte de Cataluña no se limitaron a presentar la sanción, sino que advirtió a la plataforma que impediría el acceso al portal desde Cataluña si no retiraba las viviendas ilegales. Airbnb pagó la multa, pero presentó el recurso que ya se ha citado arriba, con el óptimo resultado que les ha reportado.

En definitiva, se les exime de culpabilidad por limitarse a intermediar, pero no como servicio turístico, sino con la realización de un “proceso tecnológico o informático de aproximación entre cliente y persona dispuesta a ceder por precio el uso temporal de su vivienda”. Al ser los propios usuarios quienes estiman el precio pertinente, la gestión de la reserva y las especificaciones concretas, se salvaguardan de la culpa en este caso.

Al igual que en otras plataformas de economía colaborativa como puede ser Blablacar, la normativa española tiene especial dificultad a la hora de legislarlas pues no acaba de delimitar su carácter como mera plataforma tecnológica o como servicios de alojamiento – o transporte -, propiamente dichas.

Desde luego, una regulación actualizada brilla por su ausencia en España, a pesar de que la Unión Europea ha facilitado su desarrollo – de cara a las empresas de economía colaborativa – como motor de la economía moderna. Por ello, el juez que ha llevado este caso ha decretado que ni el Derecho Penal ni el Derecho Administrativo sancionador pueden ser utilizados como medios alternativos de regulación.

La Generalitat de Cataluña, por su parte, ha afirmado que de momento no va a ofrecer ninguna valoración, pero por supuesto, recurrirá.

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