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Grupo Planeta traslada su sede social de Cataluña a Madrid

La (no) declaración unilateral de independencia de Cataluña continúa ahuyentando a las empresas

"Llegados a este momento histórico, y como presidente de la Generalitat, asumo al presentar los resultados del referéndum ante el Parlamento y nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república (…) Y con la misma solemnidad, el Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada".

Y con estas palabras se desveló la hoja de ruta de Carles Puigdemont. Tras el referéndum ilegal celebrado el pasado 1 de octubre, el martes 10 del mismo mes el presidente de la Generalitat convocaba un pleno para anunciar la independencia unilateral de Cataluña.

Esta finalmente se produjo, pero, tal y como pueden leer en el discurso ofrecido por Puigdemont recogido al inicio de este artículo, esta fue suspendida a petición del presidente de la Generalitat en favor de un diálogo con el Gobierno de España.

Una decisión que dejó sin palabras a los independentistas que durante unos momentos saborearon un triunfo que les fue rápidamente arrebatado. Así lo manifestaba la CUP tras informar de que conocieron la decisión de Puigdemont una hora antes del inicio del pleno:

“La CUP no permitirá que esta legislatura acabe sin la aplicación de los resultados del referéndum. Ha quedado tocada la confianza en el Govern. A última hora se han cambiado los guiones", expresaba el portavoz de la formación política Quim Arrufat.

Ante esta situación y en medio de un maremágnum de reacciones políticas, Mariano de Rajoy ha convocado este miércoles 11 de octubre (09:00 horas) un Consejo de Ministros para responder a los últimos movimientos de la Generalitat de Cataluña.

La sombra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución continúa planeando. Carles Puigdemont no ha solucionado prácticamente nada y la inestabilidad económica, política y social continúa siendo la tónica en Cataluña.

Las empresas temen por la inseguridad jurídica

Con este telón de fondo las empresas continúan trasladando sus sedes sociales fuera de Cataluña. El clima de inestabilidad hace que estas teman por sus intereses y los de sus clientes ante un futuro cada vez más incierto.

La última en sumarse a la cada vez más larga lista de compañías que “han hecho las maletas” ha sido el Planeta. El grupo editorial se ha mostrado muy crítico con el tema de la independencia de Cataluña desde que el independentismo comenzó a cobrar fuerza hace ya algunos años.

Nunca han dudado que, en caso de producirse una declaración unilateral de independencia (DUI) abandonarían Cataluña. Así lo han confirmado fuentes cercanas al grupo al diario El Mundo: “Mañana nos vamos. La incertidumbre generada ahora es mayor”.

Las fuentes citadas señalan que la compañía iniciará tan pronto como sea posible los trámites para trasladar su sede social de Cataluña a un destino que por el momento no han desvelado.

Al Grupo Planeta se han sumado además otros nombres como eDreams o Catalana Occidente. En el caso de la agencia de viajes han decidido trasladar sus filiales de Cataluña a Madrid con el “objetivo de proteger los intereses de los clientes, accionistas y empleados”.

Con la vista puesta en “preservar los intereses de sus clientes, trabajadores, mediadores y accionistas”, Catalana Occidente informaba en un comunicado antes de la celebración del pleno el traslado de su sede social a Madrid.

La fuga de empresas de Cataluña

Estas compañías son solo algunos de los últimos nombres en sumarse a una lista que ya conforman más empresas de las que el deseo soberanista hubiera imaginado.

Hablamos de los casos de Naturhouse, Gas Natural Fenosa, CaixaBank, Oryzon, Sociedad General Aguas de Barcelona (SGAB), Cellnex, Service Point, Arquia Banca, Abertis, Proclinic Expert, Banco Mediolanum, MRW, Dogi, Eurona, Ballenoil, Point y la filial de la cervecera San Miguel S.L., única filial catalana de Mahou San Miguel.

Otras muchas se encuentran a la espera de los siguientes pasos dados tanto por el Ejecutivo de Mariano Rajoy como por Carles Puigdemont para tomar una decisión.

Uno de los últimos casos ha sido el de Idilia Foods. La compañía propietaria de marcas tan populares como Cola Cao o Nocilla ha dejado claro que “ante una efectiva declaración unilateral de independencia", no dudarían en trasladar su sede social fuera de Cataluña "con el fin de mantener la seguridad jurídica necesaria para poder seguir trabajando con normalidad".

Boicot a las marcas catalanas

La llamada al boicot a las marcas catalanas no es algo nuevo. En los últimos años y ante el refuerzo del independentismo, han sido varios los movimientos que han defendido el boicot a las marcas catalanas.

“Si es catalán, déjalo en la estantería. Impide que los separatistas se financien con tu dinero”. Esta es una de las decenas de proclamas que circulan durante estos convulsos días en las redes sociales.

Muchas son las marcas que se encuentran en la diana y parece que prefieren mantenerlo en silencio. Pero algunas no han dudado en pronunciarse ante la situación que están viviendo. Hablamos de Codorniu.

La empresa de cava fue vinculada con la compañía de mensajería privada Unipost donde la Guardia Civil incautó sobres con las notificaciones para configurar las mesas electorales del referéndum ilegal celebrado el pasado 1 de octubre.

“Nosotros no podemos hacernos responsables de lo que hace uno de nuestros 218 accionistas”, declaraba una portavoz de la compañía que muchos han bautizado como la “bebida oficial del referéndum”.

La lista de marcas sobre las que se ha puesto el ojo de la crítica es larga. Nos encontramos con nombres como Bimbo, Kinder (Ferrero), Casa Tarradellas, Gallina Blancala pasta Buitoni o la fabada Litoral (Nestlé) o Vichy Catalán.

¿Cuáles son las consecuencias económicas?

Lo cierto es que las consecuencias para la economía de Cataluña del traslado de la sede social de sus empresas a otras regiones es mínimo.

El cambio de ubicación de la sede social tan sólo afecta al pago de una serie de pequeños impuestos de carácter autonómico como los actos jurídicos documentados o las transmisiones patrimoniales, tal y como señalan desde el diario El País.

Recordemos además que el cambio de ubicación de una sede social no implica necesariamente el traslado de empleados.

Las consecuencias serían más graves en caso de llegar a una efectiva declaración unilateral de independencia. En ese futurible escenario el Gobierno de la Generalitat podría comenzar a exigir una serie de impuestos estatales como el de Sociedades.

Hay que señalar que el 19,1% de la recaudación del conjunto del impuesto de Sociedades de España procede de Cataluña. Hablamos de un total de 4.547 millones de euros.

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