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Los empresarios catalanes responden a Puigdemont

El referéndum de Cataluña pone contra las cuerdas a las empresas catalanas

El reloj marcaba las 23:25 horas del miércoles 6 de septiembre de 2017 cuando el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont convocaba de forma oficial a los catalanes a las urnas el próximo 1 de octubre. La pregunta que se formulará en la papeleta y que ya ha sido hecha pública no deja lugar a dudas: "¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?".

El polémico referéndum independentista ya está en marcha. El decreto 140/2017, compuesto por un total de 108 páginas, recoge las normas bajo las que se realizará la cita. Esta fue aprobada en el Parlament con los votos de Junts pel Sí y la CUP con la ausencia de PP, PSC y Ciudadanos.

El citado decreto se firmó apenas dos horas después de celebrarse la votación con el objetivo de evitar que el Tribunal Constitucional suspenda la ley del referéndum. Se aprobó además una segunda ley: la de Transitoriedad Jurídica que tiene como meta el rediseño de las estructuras de una futurible Cataluña independiente.

"Cataluña decidirá democráticamente su futuro el día 1 de octubre. Nadie tiene la autoridad ni el poder para confiscarnos el derecho a decidir. No dejaremos que nos desahucien de la democracia", declaraba Puigdemont antes sus consejeros tras conocerse la noticia.

El Gobierno de Mariano Rajoy no ha tardado en actuar. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría anunciaba el mismo miércoles 6 desde La Moncloa la firma por parte del presidente de una orden dirigida a la Abogacía del Estado.

En este se indica la interposición de un incidente de ejecución de sentencia contra la decisión del Parlament. Se pide además al Tribunal Constitucional que declare como nulos los acuerdos y comience la búsqueda de responsables penales.

Las consecuencias de la convocatoria del referéndum

La tensión política y social provocada por la convocatoria del referéndum se ha convertido en la tónica. El pasado mes de julio Puigdemont aseguraba que estaba dispuesto a “aceptar todas las consecuencias”, asumiendo hasta la última responsabilidad. Incluso afirmaba en una entrevista en Vanity Fair que estaría dispuesto a ir a la cárcel.

Pero lo cierto es que las consecuencias de este periodo de inestabilidad política y social en Cataluña y su relación con España.

El pasado 4 de septiembre el Ministerio de Hacienda anunciaba la apertura de procesos penales para todas aquellas empresas que aceptasen pagar impuestos de gestión estatal a la recién creada Agencia Tributaria Catalana. Y es que el tejido empresarial catalán se está viendo bastante afectado por la situación generada no sólo por el referéndum del próximo 1 de octubre sino por el anterior intento celebrado el 9 de noviembre de 2014.

La consultora Informa, responsable de la medición del movimiento efectuado por las empresas dentro del territorio español, hacía públicos el pasado mes de junio unos datos preocupantes.

Según el informe la salida neta de empresas de Cataluña en los últimos años ha sido una constante. Hablamos de una fuga de 1.072 compañías. Si hablamos en términos netos 217 empresas abandonaron Cataluña en 2013. La cifra se situó en las 322 en 2014 mientras que fueron 254 en 2015. El 2016 se despidió con la salida de otras 279 empresas.

¿Cuál es la reacción de las empresas catalanas?

La independencia de Cataluña es un tema que viene de largo. Ya en 2005 fuimos testigos de los primeros movimientos para frenar el proyecto del Estatuto de Cataluña. Desde entonces se han sucedido algunos boicots de mayor o menor importancia contra las marcas catalanas.

Desde este medio hemos tenido la oportunidad de hablar con Josep Bou, presidente de Empresarios de Cataluña para conocer las primeras reacciones tras la convocatoria del referéndum. Bajo esta organización se agrupan casi 500 empresarios y directivos contrarios a la independencia.

Una noticia que afirma han recibido con “estupor”, ya que “lo que se está pretendiendo es derogar la Constitución en Cataluña”. Hecho que, según sus palabras, se traduciría en una “inseguridad jurídica”.

“Una situación que podría perjudicar a Cataluña en función de cómo se sigan produciendo los acontecimientos”. “Cataluña puede acabar muy tocada”, ha afirmado.

Aunque ha indicado que la inversión extranjera en la región se ha mantenido positiva la tensión está creciendo. Cree que el avance e inciertas consecuencias del referéndum podrían suponer un “frenazo en seco”. “Esperamos que esta situación no llegue a más porque no va a acabar bien”.

Unas palabras que se complementan con los resultados del informe elaborado el pasado mes de junio por la consultora EY.

De acuerdo a este el 65% de las empresas medianas catalanas opina que la principal preocupación del Gobierno catalán debería ser “mejorar las relaciones territoriales” con el resto de España. Un resultado que se ha incrementado en 20 puntos respecto a 2016.

¿Tendría ventajas para las empresas una Cataluña independiente?

Pero no todos los empresarios consideran que la independencia de Cataluña tendría consecuencias negativas. Tal y como informan desde El Confidencial, el Cercle Catalá de Negocis comenzará a repartir en los próximos días un informe en el que se recogen las razones por las que una futurible independencia sería positiva.

La organización compuesta por empresarios favorables a la independencia ha explicado a la citada cabecera que sus conclusiones se basan en los estudios de economistas y expertos de diversos ámbitos. Su idea es organizar diversos actos en Cataluña hasta el 1 de octubre para convencer de las ventajas de una Cataluña independiente.

La máxima sobre la que se apoya el texto es que España “es un barco que se hunde”, por lo que la independencia aseguraría la supervivencia de Cataluña. Señalan que no se oponen a la solidaridad interterritorial en términos de impuestos, sino al expolio que sufre Cataluña.

Aseguran que en una Cataluña independiente “el coste de la electricidad podía ser hasta un 60% menor”, y que las pensiones estarían aseguradas.

Entre otros temas también se hace alusión a la generación de más empleo público y las duras críticas a España por las ayudas públicas prestadas para la recuperación del sistema financiero.

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