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Volkswagen le habría bailado el agua a la dictadura brasileña

Cuando se cumplen casi dos años del infausto «dieselgate», la sombra del escándalo continúa persiguiendo lamentablemente a Volkswagen. Y es que la filial brasileña del grupo automovilístico alemán habría colaborado supuestamente de manera muy activa con la dictadura de Brasil en la persecución de opositores políticos, tal y como han revelado recientemente Süddeutsche Zeitung y las televisiones germanas NDR y SWR.

De acuerdo con la información barajada por estos medios, desde hace casi dos años en la fiscalía de São Paulo hay una investigación abierta contra VW do Brasil a fin de determinar la responsabilidad del fabricante automovilístico teutón en la violación de los derechos humanos durante la dictadura brasileña entre los años 1964 y 1985.

La compañía encargó, por su parte, un dictamen al historiador Christopher Kopper, que confirmó que efectivamente había existido “una colaboración regular” entre el departamento de seguridad de su filial brasileña y la policía política del régimen.

“El departamento de seguridad actuó como si fuera un brazo de la policía política dentro de la planta de Volkswagen”, afirma Kooper, investigador de la Universidad de Bielefeld. “Permitió detenciones dentro de la planta” y es muy posible que al intercambiar información con la policía “contribuyera también a ellas”, añade.

Los datos que obran en poder de Süddeustche Zeitung, NDR y SWR determinan que la filial brasileña de Volkswagen espió a sus trabajadores y sus ideas políticas y los datos recopilados acabaron en “listas negras” que fueron a parar a manos de la policía política.

El diario brasileño O Estado de São Paulo publicó en 2015 que la empresa alemana de automoción había iniciado negociaciones con las autoridades brasileñas a fin de buscar una manera de compensar al país por el apoyo que prestó a la última dictadura.

La comisión gubernamental encargada de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura brasileña dictaminó en su día que efectivamente muchas empresas privadas (tanto nacionales como extranjeras) dieron apoyo financiero y operacional al régimen militar.

En el caso concreto de Volkswagen la comisión constató que varios edificios propiedad de la empresa germana habían sido cedidos a los militares y reconvertidos después en centros de detención y tortura.

Además, el grupo teutón habría donado al régimen militar aproximadamente 200 vehículos que habrían sido utilizados más tarde por los servicios de represión.

 

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