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España solo ha recibido 5,5 de los 300 millones que tendría que recuperar

El abogado general de la UE considera ilegales las ayudas a la TDT

El abogado general de la Unión Europea se ha sumado esta mañana a lo ya expresado por la Comisión Europea, en relación con la concesión de ayudas para algunas operadoras de Televisión Digital Terrestre (TDT).

La finalidad de estas ayudas era desplegar, explotar y mantener la red TDT en la denominada Zona II, entre 2005 y 2009. Se considera Zona II a regiones poco urbanizadas, que apenas representan un 2,5% de la población española. En estas zonas, los operadores no tienen interés en invertir en digitalización.

La Comisión Europea, en el año 2013, tras recibir dos denuncias, declaró que estas ayudas eran incompatibles con el mercado interior. La razón de la incompatibilidad era que se había discriminado a varios operadores a la hora de conceder ayudas. Esta discriminación pondría en peligro la denominada neutralidad tecnológica. Según este principio, el Estado no debería imponer ninguna preferencia hacia ninguna tecnología.

Los afectados, entre los que se encontraban Cataluña, País Vasco, Galicia y algunos operadores, solicitaron que se anulase la Decisión de la Comisión. Estos recursos fueron desestimados en noviembre de 2015 por el Tribunal General de la Unión Europea. De nuevo, se intentó un recurso, esta vez ante el superior jerárquico, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Mientras la batalla se desarrolla en los juzgados, España no recupera el dinero de las ayudas, como pide la Comisión. De hecho, de los más de 300 millones de euros que se deberían recuperar, tan solo se han devuelto 5,5.

La sentencia del TJUE saldrá en unos meses pero, esta mañana, el abogado general de la Unión Europea ha dejado clara su postura. La opinión de los abogados generales no es vinculante. Ahora bien, según elmundo.es, el Tribunal suele seguirla en un 80% de las ocasiones.  Melchior Wathelet ha declarado que “el Tribunal no limitó, ignoró ni malinterpretó la facultad de apreciación de la que disponen los Estados miembros, ni rebasó el límite del error manifiesto”. Además, recalcó que el hecho de que los estados gocen de una amplia facultad de apreciación, no supone que puedan dejar de cumplir, a su libre arbitrio, los requisitos mínimos.

Si esta última sentencia desestima las pretensiones españolas, se habrá perdido la última oportunidad de apelación posible.

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