Medios

AGP-UGT ESPERA QUE LA REFORMA LLEGUE A TODOS LOS ÁMBITOS DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA

Nota de Prensa:

La Agrupación General de Periodistas de la UGT (AGP-UGT) valora positivamente el nuevo ordenamiento de la televisión en España, diseñado en el conjunto de anteproyectos de Ley que hoy ha estudiado el Consejo de Ministros. Con todo, constatamos la falta de información sobre algunos aspectos de la reforma que no han sido abordados o no han sido explicados por el Gobierno. En concreto, nos preocupa la falta de referencia sobre la incidencia de las reformas en las televisiones públicas autonómicas.

Esta valoración positiva se realiza con todas las cautelas y desde el conocimiento todavía parcial de las reformas legislativas anunciadas por el Gobierno. Habrá que esperar, pues, a conocer el articulado concreto de los proyectos legislativos para hacer un análisis y una valoración detallados.. Además, hay que destacar que el Gobierno, durante la elaboración de las medidas legislativas de reforma de la televisión pública, no ha facilitado ninguna información ni ha consultado a los representantes sindicales en el ámbito audiovisual.

De entrada, la adscripción al poder legislativo del control de las televisiones públicas y del nombramiento de sus órganos de gestión y dirección supondrá el cumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y esperado por los profesionales del sector y por la mayor parte de la sociedad.
La elección de los miembros del Consejo de Administración por las Cortes, con un mandato de seis años, la elección del director general de la Corporación de RTVE por el Consejo de Administración y la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales dan respuesta a reivindicaciones antiguas de los trabajadores y sus sindicatos y de la sociedad. También da respuesta a una vieja reivindicación la presencia de dos representantes sindicales en el Consejo de Administración de RTVE.

En lo que le corresponde en el ámbito de sus competencias, la AGP-UGT considera que los cambios propuestos pueden comportar un importante avance hacia la independencia de los medios respecto del gobierno de turno para que puedan cumplir mejor sus obligaciones constitucionales de pluralidad, libertad de expresión y difusión de información veraz.

El modelo del contrato-programa para la parte de financiación pública y el recurso limitado a la publicidad responden al esquema que se impone desde la Unión Europea, y por tanto ofrece cierta tranquilidad en cuanto al futuro económico de la corporación. Ahora bien, en la referencia hecha pública hoy por el Gobierno tras la celebración del consejo de ministros se echa en falta información sobre la necesaria liquidación de la deuda actual de RTVE.

También echamos en falta información sobre el modelo de producción. Sin un compromiso normativo sobre los niveles de producción propia que tendrá que asumir la corporación, no es posible vislumbrar el futuro de RTVE ni de su plantilla, tanto en lo que respecta a la calidad del empleo como en lo relativo a las capacidades de ejercicio profesional.

Precisamente en relación con el respeto a los derechos profesionales de los periodistas, la AGP-UGT constata que el informe hecho público por el Gobierno adolece de la información que esperábamos sobre la regulación de Estatutos de Informativos y la elección de Comités de Redacción que representen profesionalmente a los informadores. Esperamos que, tal como se había recomendado en el informe del Comité de Expertos, estas cuestiones también sean abordadas en la reforma legislativa.

Tercer canal y centros territoriales de TVE

La AGP-UGT reitera que es necesario esperar a conocer en su literalidad los textos articulados de los proyectos gubernamentales. No obstante, esperábamos una referencia concreta a la aplicación de la reforma a los canales de radio y televisión autonómicos. Es necesario que el nuevo marco legislativo se apruebe como norma básica, en el ámbito del artículo 149.1.27 de la Constitución española, y que garantice la autonomía respecto del gobierno y la obligatoriedad de mantener la gestión pública de los canales de televisión autonómicos, impidiendo su privatización o externalización.
En ese sentido, la AGP-UGT recuerda que las televisiones autonómicas de Aragón y Asturias, que preparan el inicio de sus emisiones, se están conformando con un porcentaje de producción ajena del cien por cien, o próximo a él. Es algo que ya ha ocurrido en la recientemente inaugurada televisión de Baleares, la IB3.

El nuevo marco normativo ha de impedir, como impedía el anterior, todavía vigente, la externalización de la gestión de las televisiones autonómicas. Recuérdese el caso de Canal 9, la televisión pública valenciana, que pretendió hace dos años entregar la práctica totalidad de su producción y gestión a concesionarios privados. Aquel intento de privatización fue paralizado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, como resultado de un recurso interpuesto por la UGT.

El cumplimiento de las exigencias de pluralidad y veracidad resulta seriamente mermado si la gestión y la producción se entregan a manos privadas. Además, la externalización de la producción comporta un fraude, al menos moral, de la naturaleza de servicio público de las televisiones de capital estatal.

En cuanto a los centros territoriales de TVE, también merecen la recepción de la nueva legislación para salvaguardar su independencia de los gobiernos autonómicos y su pluralidad. En ese sentido, es urgente que, junto a la tramitación de la nueva normativa anunciada hoy por el Gobierno, se revisen convenios como el firmado hace pocas semanas por RTVE y la Generalitat Valenciana, un convenio que pone en manos de la Generalitat instrumentos de control sobre el centro territorial de TVE absolutamente incompatibles con los principios de la televisión pública en un estado democrático.

Por todo lo dicho, la AGP-UGT felicita al Gobierno por el importante paso dado hoy al tiempo que le recuerda la necesidad de que consulte las reformas con las organizaciones sindicales más representativas y le anima a resolver los flecos que puedan quedar en la necesaria reforma de los medios públicos y a ampliar la información sobre el paquete de reformas abordado.

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