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El Constitucional estudiará la Ley Audiovisual por la aportación de las privadas al cine

El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo contra el artículo de la Ley General Audiovisual que obliga a los operadores de televisión a invertir al menos el 5% de sus ingresos en la financiación anticipada de largometrajes y cortometrajes cinematográficos españolas y europeas.

El recurso que motivó la cuestión del Supremo fue presentado por Uteca, que lleva años criticando que se obligue a las televisiones privadas a financiar una industria ajena a la suya. La nueva Ley Audiovisual ha modificado en parte esta obligación, ya que, aunque siguen estando obligadas a financiar con el 5% de sus ingresos obras audiovisuales, pueden dedicar el 40% de ese dinero a series de televisión, en lugar de a películas.

En el caso de las televisiones públicas, la obligación es invertir el 6% de sus ingresos a obras audiovisuales, de los cuales el 75% deberá dedicarse a películas cinematográficas de cualquier género. Esta modificación no ha satisfecho del todo a UTECA, cuyo presidente aseguró la semana pasada que el sector no dejará de intentar que se suprima totalmente esta tasa.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión del planteada por Supremo, y ha acordado dar traslado de las actuaciones recibidas al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado al objeto de que en el plazo de 15 días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

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