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EL DECRETO DE LA TDT ROMPE LA UNIDAD DE LA NUEVA LEY GENERAL AUDIOVISUAL

La normativa española ha constituido desde sus inicios una maraña de legislaciones agregadas a la ley de prensa de 1966 y al primer estatuto de RTVE, que se publicaron a medida que los avances tecnológicos así lo requirieron.

Para acabar con las múltiples leyes que abordaban los distintos medios de difusión y los cambios en el panorama, como fueron la irrupción de la televisión privada o la emisión por satélite, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quiso aunar todas las normas en la Ley General Audiovisual, todavía pendiente de aprobación.

El decreto que permitirá la implantación de la TDT de pago, tramitado con urgencia y por una vía excepcional reservada a problemas urgentes, formaba parte de una batería de órdenes ministeriales provenientes de Industria que abarcaba asuntos como la televisión de alta definición, las comunicaciones móviles desde los aviones y las emisoras comunitarias.

Sin embargo, el gobierno sólo ha promulgado como decreto los aspectos que se refieren a la TDT, ante la urgencia nacional que supone el comienzo de la Liga y las consiguientes pérdidas para los inversores interesados.

En este sentido la aprobación de este decreto supone una ruptura de la unidad que pretendía la nueva ley y además implica el estancamiento de asuntos ligados a esta como la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y otros organismos de autocontrol del sector, que pretendían llegar la normativa española a la altura de las reglas que rigen en el entorno europeo.

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