Digital

A través de una carta

50 organizaciones piden a Google que la privacidad deje de ser un lujo para unos pocos

Los socios de Android están fabricando dispositivos que cuentan con aplicaciones preinstaladas que no pueden ser borradas, lo que puede exponer a los usuarios a que sus datos sean recopilados, compartidos y expuestos sin su consentimiento o conocimiento.

google

La privacidad no puede ser un lujo reservado para las personas que tienen la capacidad de pagar por ella. Esa es la idea en la que se centran 50 entidades para exigir -a través de una carta- a Google que trabaje en la privacidad real de todos los ciudadanos y en su seguridad a lo largo y ancho de internet.

Y es que, los socios de Android están fabricando dispositivos que cuentan con aplicaciones preinstaladas que no pueden ser borradas (conocidas como bloatware), lo que puede exponer a los usuarios a que sus datos sean recopilados, compartidos y expuestos sin su consentimiento o conocimiento.

Estos dispositivos cuentan con la marca Google Play Protect pero las investigaciones señalan que el 91% de las aplicaciones preinstaladas no aparecen en la tienda de aplicaciones de la compañía (Google Play Store).

"Nos preocupa que esto lleva a que los usuarios queden expuestos a las prácticas comerciales explotadoras de fabricantes de teléfonos inteligentes baratos en todo el mundo", señalan las organizaciones firmantes de una carta dirigida al CEO de Alphabet, Sundar Pichai, la empresa multinacional estadounidense -cuya principal filial es Google- que desarrolla productos y servicios relacionados con internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías.

Las aplicaciones preinstaladas pueden contar con permisos personalizados privilegiados que les permiten operar fuera del modelo de seguridad de Android. Esto significa que la aplicación puede definir los permisos –incluido el acceso al micrófono, a la cámara y a la ubicación– sin activar los mensajes de seguridad y privacidad normales del software de Google (Android). Por consiguiente, "los usuarios no se enteran de estas graves intromisiones", señalan.

Por ello, las demandas que las 50 organizaciones piden con más urgencia son, en primer lugar, que las personas deberían poder desinstalar permanentemente las apliaciones de sus teléfonos: "Esto debería incluir todos los servicios en segundo plano que continúan ejecutándose aunque las aplicaciones hayan sido desactivadas.", rezan. En segundo lugar, lo que demandan es que las aplicaciones preinstaladas deberían tener el mismo nivel de control que las aplicaciones de Play Store, especialmente en cuanto a los permisos personalizados.

Y no solo eso, esas apps preinstaladas "deberían tener algún mecanismo que permita actualizarlas, preferiblemente a través de Play Store y sin necesidad de tener una cuenta de usuario". L.a carta se cierra con una última demanda: "Google debería negarse a certificar un dispositivo por razones de privacidad si los fabricantes o los comerciantes han intentado explotar a los usuarios de este modo", terminan.

ENTIDADES FIRMANTES:

American Civil Liberties Union (ACLU)

Afghanistan Journalists Center (AFJC)

Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB)

Amnesty International

Asociación por los Derechos Civiles (ADC)

Association for Progressive Communications (APC)

Association for Technology and Internet (ApTI)

Association of Caribbean Media Workers

Australian Privacy Foundation

Center for Digital Democracy

Centre for Intellectual Property and Information Technology Law (CIPIT)

Citizen D

Civil Liberties Union for Europe

Coding Rights

Consumer Association the Quality of Life-EKPIZO

Datos Protegidos

Digital Rights Foundation (DRF)

Douwe Korff, Emeritus Professor of International Law, London Metropolitan University and Associate of the Oxford Martin School, University of Oxford

DuckDuckGo

Electronic Frontier Foundation (EFF)

Forbrukerrådet // Norwegian Consumer Council

Foundation for Media Alternatives

Free Media Movement (FMM)

Freedom Forum

Fundación Karisma

Gulf Centre for Human Rights (GCHR)

Hiperderecho

Homo Digitalis

IJC Moldova

Initiative for Freedom of Expression- Turkey (IFox)

Irish Council for Civil Liberties

Media Foundation for West Africa

Media Institute of Southern Africa (MISA)

Media Policy and Democracy Project (University of Johannesburg)

Media Policy Institute (MPI)

Media Watch

Metamorphosis Foundation for Internet and Society

Open Rights Group (ORG)

Palestinian Center For Development & Media Freedoms (MADA)

Panoptykon

Paradigm Initiative

PEN Canada

Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA)

Privacy International

Public Citizen

Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)

Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)

TEDIC

The Danish Consumer Council

The Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM)

The Tor Project

Unwanted Witness

Vigilance for Democracy and the Civic State

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