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Los activistas de X.Net solicitan al Gobierno más atención sobre los derechos digitales

dv560011Internet se ha convertido en el auténtico protagonista de nuestras vidas. Tanto a nivel personal como profesional, la red de redes se erige como un elemento indispensable en nuestro día a día.

Cada vez plasmamos y compartimos una mayor cantidad de información sobre nosotros en internet. El auge de las redes sociales o el avance del e-commerce son muestras de ello, por lo que no es de extrañar que la privacidad y la seguridad en internet se posicionen como grandes preocupaciones.

Con este escenario de fondo, el colectivo activista X.Net ha iniciado una petición solicitando tanto a los diputados como al ministro de Agenda Digital, Álvaro Nadal, una mayor atención sobre los derechos digitales de los españoles.

Han elaborado un documento en el que se recogen los aspectos más urgentes sobre los que se debería poner el foco por parte de Gobierno e instituciones en el terreno digital. Dentro de estos, tal y como destacan desde 20 Minutos, encontramos el ya conocido canon digital, la neutralidad en la red o las modificaciones en Ley de Propiedad Intelectual.

Un documento que se entregará en los próximos días tanto en el Parlamento como en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, según ha informado Simona Levi, portavoz de X.Net. El objetivo de este informe es el que concienciar a los responsables políticos sobre la importancia de estos temas.

Cabe destacar que se solicita además la anulación de la legislación relativa a la retención de datos para que los ciudadanos cuenten con una mayor protección de su información.

Unos asuntos vitales para poder seguir avanzando hacia una democracia en la que la sociedad civil cuente con una presencia preparada y activa. Algo que, en muchos aspectos no se está cumpliendo.

Así lo ha manifestado Levi que pone como ejemplo la Ley de Protección Intelectual que tuvo como desenlace final el cierre en España de Google News. Una ley que, en palabras de Levi, ha quedado “anticuada”, y “pone muchas dificultades a la seguridad jurídica de las pymes”.

No duda en recalcar que España debería mostrar los desastrosos efectos de esta legislación a sus socios europeos.

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