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Así pretende el Parlamento Europeo tapar los agujeros del mundo digital

La llegada de los nuevos negocios y servicios del mundo digital han dado lugar a enormes beneficios para la sociedad pero también ha traído consigo problemas a raíz de la falta de regulación.

Y es que, como de costumbre, la legislación siempre va un paso por detrás de la innovación.

Y no hay más que ver la reciente polémica que se ha generado en la ciudad de Barcelona a raíz del auge de anuncios de alquiler de pisos turísticos ilegales en la plataforma de alojamiento entre particulares, Airbnb, y que ha dado lugar a tensiones entre la compañía y el Ayuntamiento de la Ciudad Condal.

Pero también han surgido otro tipo de brechas que precisan una urgente solución como la recolección y el uso de datos de los usuarios que hacen los servicios digitales y que ha generado preocupación entre la sociedad.

Si a todo esto le sumamos los ciberataques que se han producido a nivel mundial y que han afectado a importantes compañías, la necesidad de establecer nuevas normas se hace cada vez más patente.

Es por ello que el Parlamento Europeo se ha propuesto comenzar a legislar en este sentido. El primer paso ha sido el Reglamento General de Protección de Datos, que se aplicará de manera obligatoria a partir del mes de mayo de 2018.

Ahora, el objetivo de Bruselas es evitar los abusos en el mundo digital, cerrar las brechas que existen en las normativas e igualar las legislaciones a nivel nacional y local con el fin de garantizar el cumplimiento de la ley.

Así, el Parlamento Europeo argumenta que se «debe evitar que se apliquen reglas diferentes a servicios similares, tanto en lo referido a acceso al mercado y la fiscalidad, para asegurar condiciones de competencia justa entre los operadores digitales y los tradicionales».

Para ello, según recoge el diario Expansión, establecerá pautas que clarifiquen el nivel de responsabilidad de las plataformas de economía colaborativa; que fijen las obligaciones tributarias, las condiciones de empleo o el régimen jurídico que se aplica a los usuarios.

En el ámbito de la privacidad se presentan más contradicciones y es que, si por un lado, la Comisión Europea ha propuesto legislar para garantizar el acceso de la policía a los datos de usuarios por razones de seguridad, por otro, el comité de libertades civiles, justicia y asuntos internos del Parlamento pretende velar por los derechos de los usuarios.

En este sentido, han planteado en un borrador la posibilidad de establecer la obligatoriedad del cifrado de extremo a extremo en los servicios de mensajería al que podría romperse en caso de requerimiento judicial.

Otro de los frentes abiertos de Bruselas se sitúa en el mundo del social media. El auge de los discursos de odio en las redes sociales y la ineficacia de estas plataformas para frenar esta oleada han desembocado en la posibilidad de establecer medidas más contundentes tal y como reclaman muchos Estados Miembro.

Otros, como Alemania, ya han tomado cartas en el asunto estableciendo multas que oscilan entre los 5 y los 50 millones de euros a aquellas compañías que no eliminen los mensajes de odio en un plazo de 24 horas.

De esta manera, las autoridades europeas ya trabajan en lo que denominan como una necesaria actualización de la legislación de las comunicaciones digitales que actualmente se encuentra, como es evidente, desfasada.

 

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