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Blablacar, ante el juez, acusado de competencia desleal por la patronal de autobuses

blablacarDe nuevo, una empresa basada en los principios de economía colaborativa vuelve a estar en el punto de mira la Justicia. Andrés Magro, titular del juzgado Mercantil nº 2 de Madrid, ha admitido a trámite una demanda interpuesta contra Blablacar, la plataforma que permite a los usuarios compartir coche para repartir los gastos del viaje.

Se trata del mismo juzgado que hace unos meses decretase medidas cautelares contra Uber, plataforma digital que permite el transporte de pasajeros entre usuarios privados. Detrás de la demanda interpuesta contra Blablacar se encuentra la patronal de autobuses, Confebus, contra Comuto Iberia y Comuto SA, sociedades de capital francés responsables del control de Blablacar.

Tal y cómo señalan desde el diario El Mundo, Confebus ha recopilado y documentando toda la actividad desarrollada en el último año por la plataforma para compartir coche con el objetivo de poder demostrar ante los tribunales que sus actividades se enmarcan dentro de un claro caso de competencia desleal.

Blablacar se ha posicionado como una de las plataformas para compartir coche y gastos más populares en nuestro país. Con más de cinco años de trayectoria en España, supera los nueve millones de usuarios en toda Europa siendo Francia su principal mercado.

Lo cierto es que la polémica, al igual que ha sucedido con otras empresas de similares características, ha estado acompañando a la plataforma desde sus inicios. Desde que comenzase a desempeñar su actividad, las empresas de autobuses dejaron clara su posición denunciando que se encontraban ante un claro caso de competencia desleal. Señalan que además de carecer de las licencias pertinentes para el transporte de viajeros, algunos conductores han visto un auténtico negocio en esta plataforma realizando varios viajes diarios entre la capital española y otras ciudades cercanas como son los casos de Ávila o Segovia.

Las reclamaciones de las empresas de autobuses no tardaron en alzar la voz hasta el Ministerio de Fomento aunque la respuesta que obtuvieron fue nula. No fue hasta hace más o menos un año cuando el Ministerio, con la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) en la mano, informaba de que las multas para los usuarios de este tipo de servicios sin licencia podrían ascender hasta los 601 euros. Cantidad que en el caso de los conductores infractores se eleva hasta los 6.000 con un margen de hasta 18.000 euros en caso de reiterar en sus actividades.

Tan sólo cinco meses después de esta decisión, Uber echaba el cierre en nuestro país mientras que Blablacar, sin darse por aludido, dejaba claro que sus actividades se ajustaban a la legalidad vigente al tratarse únicamente de una plataforma que pone en contacto a conductores y pasajeros para compartir gastos.

La patronal de autobuses, ante la inactividad de Fomento, decidió contratar los servicios de una agencia con el objetivo de presentar ante el juez un estudio comparativo de precios y demostrar la competencia desleal que llevan denunciando desde hace varios años.

El estudio, tal y cómo recogen desde El Mundo, señala que las rutas de mayor actividad son las que conectan Madrid con el Levante. Por ejemplo, un trayecto en autobús entre Madrid-Valencia puede costar al usuario 29,71 euros en autobús mientras que, en el caso de hacerlo con Blablacar, el precio desciende hasta los 19 euros.

Ahora la decisión se encuentra en manos del juez que decidirá el próximo mes de octubre si obliga a Blablacar a cesar sus servicios. Llama la atención que tanto el caso de Uber como el de Blablacar hayan recaído en el mismo juzgado pero lo cierto es que la asignación se realiza por sorteo. Magro aún tiene pendiente un juicio entre los taxistas de la capital y Uber tras decretar el cierre del servicio como media cautelar el pasado mes de diciembre. ¿Correrá la misma suerte Blablacar?

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