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El crowdfunding se marca una victoria ante el proyecto de Ley del Gobierno

crowdfundingEl proyecto de ley de Fomento de la Financiación Empresarial ha sido una de las propuestas del actual Ejecutivo de Mariano Rajoy que mayor número de críticas ha recibido por parte de todos los agentes sociales implicados y afectados por el mismo en lo que llevamos de legislatura.

Pero lo cierto es que la polémica surgida con el mismo ha ido obligando a su remodelación hasta conseguir agradar a prácticamente todo el mundo. Un avance bastante importan aunque sabemos que nunca llueve a gusto de todos.

Y es que el mencionado proyecto de Ley ha pasado al Senado con una gran novedad en uno de sus puntos más criticados, el que hacía referencia al límite con el que las empresas podían recaudar fondos a través de la técnica conocida como el equity crowdfunding (aportaciones colectivas de dinero a cambio de acciones) o el crowdlending (préstamos destinados a las empresas). En el proyecto de Ley presentado en un principio se establecía el límite recaudatorio para empresas a través de este sistema en un millón de euros y ahora, tras la ingente cantidad de críticas recibidas, el máximo legal permitido se ha ampliado hasta los cinco millones de euros.

El texto en el que se recoge el proyecto de Ley ha realizado una estructuración de los distintos métodos de financiación entre los que podemos encontrar una distinción entre proyectos que son financiados por inversores acreditados o profesionales y los que están financiados por inversores acreditados y no acreditados entre los cuales también se han establecido algunas diferencias.

Por ejemplo en el caso de los inversores acreditados, podrán ejercer como tal todas aquellas personas físicas o jurídicas cuyas rentas anuales superen los 50.000 euros o cuyo patrimonio sea superior a los 100.000 euros. También podrán ejercer como este tipo de inversores toda aquella empresa o institución que posea un millón de euros en activos, dos millones de negocio o posea al menos 300.000 euros en recursos propios tal y como informan desde El Confidencial.

En todos los casos expuestos los inversores no cuentan con un límite legal establecido en lo que a las aportaciones se refiere siempre que las empresas no superen los cinco millones de euros de recaudación mediante la utilización de estos sistemas.

Sí hablamos de aquellas startups que sean financiadas por inversores acreditados y no acreditados, el límite para la recaudación queda establecido en los dos millones de euros doblando así la cantidad propuesta en un principio. Los inversores no acreditados no podrán superar los 3.000 euros por proyecto o los 10.000 euros anuales por plataforma.

Los afectados por este proyecto de Ley se muestran satisfechos ante la subida hasta dos millones de euros de financiación en este tipo de proyectos aunque muestran sus reticencias ante algunos de los puntos como es el caso de los 3.000 euros establecidos para los inversores no acreditados ya que aunque los agentes sociales implicados entienden que la preocupación del Gobierno reside en ahorra posibles pérdidas, señalan que recaudar no sirve de nada sino este hecho no viene acompañado con una ampliación en el límite de la inversión.

Lo cierto es que el texto arrastra la polémica desde febrero de 2014 cuando se conocía la noticia de que el Gobierno se planteaba limitar este tipo de inversiones y el rechazo procedía de que no se hacía distinción alguna entre los inversores acreditados y los no acreditados estableciendo un límite general para ambos proyectos de 3.000 euros. Ahora el texto ha conseguido pasar al Senado donde es posible que sufra nuevas modificaciones aunque no se espera que sean tan significativas como las recogidas en este artículo.

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