Digital

La UE debate ahora la propuesta sobre el impuesto digital francoalemana

Europa rechaza la propuesta española sobre el impuesto digital

El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) ha rechazado el impuesto digital propuesto por España. En su lugar se ha optado por la propuesta francoalemana (de ámbito mucho más reducido) que, en caso de ser finalmente aprobada, entraría en vigor el 1 de enero de 2021.

pedro_sanchezLos ministros de Economía de la Unión Europea (UE) no han sido capaces de llegar a un acuerdo sobre la aprobación de una tasa con la que gravar a los gigantes digitales.

Una propuesta que ha contado desde sus inicios con la oposición de algunos países como Suecia e Irlanda y que ha supuesto un revés para el Gobierno de Pedro Sánchez.

El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) ha rechazo el impuesto propuesto por España en materia de servicios digitales.

Siguiendo la recomendación inicial efectuada por la Comisión Europea (CE), el impuesto propuesto por el Ejecutivo de Sánchez preveía gravar las rentas obtenidas sobre tres actividades del entorno online: la publicidad, los servicios de intermediación y los datos que se generan en base a las distintas informaciones proporcionados por los usuarios.

El principal obstáculo señalado por el Ecofin para el rechazo de la propuesta reside en la dificultad derivada de su futurible aplicación en un ámbito tan amplio.

Motivo por el que el acuerdo se ha reducido tomando como referencia la propuesta francoalemana. De esta forma, tal y como recogen en el diario El Mundo, se trabajará únicamente sobre el sector de la publicidad online.

El nuevo impuesto entraría en vigor en 2021 con una aplicación garantizada hasta 2025 o una fecha anterior en caso de se cerrase un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En este caso la UE se añadiría al sistema que se fije sin que se aplicase ya el impuesto comunitario.

¿Qué hará España?

El Ecofin ha dejado claro que un impuesto con un espectro de aplicación tan amplio como el propuesto por España no es viable.

Motivo por el que ahora hay que poner la atención sobre los siguientes pasos a dar por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El Mundo plantea tres dudas. La primera hace referencia a cómo gravar el valor que se genera por los usuarios en España.

En teoría hablamos de un servicio sobre el que se podría cobrar un impuesto cuando el usuario esté localizado en España.

Hecho que viene determinado por la IP del dispositivo a través del que se conecta o mediante geolocalización.

Algo muy complejo que plantearía serias dificultades a las empresas a la hora de seleccionar los datos sobre los que aplicar el impuesto.

Y todo un desafío para la deficiente tecnología de la Agencia Tributaria.

Desde la citada cabecera señalan como problema las estimaciones de recaudación realizadas desde España.

El Ejecutivo de Sánchez ha cifrado la recaudación sólo en territorio patrio en los 1.200 millones de euros.

Una cantidad más que optimista si tenemos en cuenta que los pronósticos de recaudación para el conjunto de la Unión Europea es de 5.000 millones de euros.

La tercera de las dudas que genera la posibilidad de que España aplique este impuesto tal y como lo ha propuesto en origen al margen de la decisión de la UE, hace referencia a la posible necesidad de aumentar la tributación allí donde se encuentren los usuarios.

¿Cuál es la propuesta de Unión Europea?

Tras el bloqueo de países como Irlanda, Dinamarca, Suecia o Chipre (los asuntos fiscales requieren la unanimidad de los socios europeos), los ministros de Economía de Francia y Alemania ha pactado un nuevo planteamiento al que ya hacíamos referencia al inicio de estas líneas: el acuerdo francoalemán.

Este contempla gravar con un 3% los ingresos de las multinacionales tecnológicas con una facturación que supere los 750 millones de euros. Este punto se mantiene tal y como se recoge en la propuesta inicial.

La diferencia reside en la limitación de su aplicación de forma exclusiva a la publicidad online.

De esta forma quedan fuera de este gravamen los ingresos que se generen a través de la explotación de los datos digitales de los usuarios, así como plataformas como Airbnb o Uber.

París y Berlín han solicitado a los socios europeos que aprueben la medida propuesta antes de marzo de 2019. Su entrada en vigor no sería efectiva hasta el 1 de enero de 2021.

Dentro de la propuesta se ha incluido una cláusula que contempla la autodestrucción del acuerdo en caso de que, en esa fecha, la OCDE cuente con un enfoque consensuado a través del que gravar las actividades digitales.

La medida, en caso de aprobarse, obligaría a todos los Estados miembros a cumplirla, pero les deja libertad para ir un paso más allá.

Este es el caso de España que podría continuar avanzando hacia la aprobación en terreno patrio de su propuesta inicial que no ha calado en la Unión Europea.

Con los datos y conclusiones en la mano, no tiene mucho sentido que España quiera adelantarse al resto de sus socios.

En caso de que el Ejecutivo de Sánchez decida seguir adelante y tras lo expuesto por el Ecofin, España no se encontraría en igualdad de condiciones que el resto de países de la UE presentando un serio problema para nuestra economía.

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