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INTERNET SE SOMETE A UNA LEY AMBIGUA

El próximo sábado 13 de octubre entra en vigor la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), que ya ha provocado el cierre de varias webs aún antes de su aplicación, como medida de previsión ante los vacíos interpretativos del texto. Las Cámaras de Comercio han puesto el grito en el cielo por las multas -de entre 30.000 y 600.000 euros- a las que se enfrentan las empresas sancionadas y los abogados especializados, como Ana Marzo, del bufete Marzo y Asociados, echan de menos un plazo que permita adaptarse a la LSSI.

«La ley, sin embargo, se ha ido fraguando con muy poca oposición», afirma Ana Marzo. Pero a sólo unos días de su aplicación, todos quienes prestan servicios de manera online deberán tomar conciencia de que Internet ha dejado de ser un territorio sin ley para someterse a una normativa más protectora del consumidor que la propia del comercio tradicional. Éstos son algunos de los apartados que deberán contemplar las empresas que venden o hacen publicidad en este medio:

– La nueva LSSI exige a todas las empresas que presten servicios a través de Internet facilitar sus datos en su web –nombre, dirección postal y de e-mail, inscripción registral, número de identificación fiscal, entre otros-, así como información sobre el precio de los productos y servicios, gastos de envío y códigos de conducta a que está adscrita la compañía. «Va más allá de la Ley de Comercio Minorista», explica Ana Marzo, «ninguna tienda tiene todos estos datos en el escaparate».

– También establece la obligación de inscribir en el registro que en su caso proceda el dominio con el cual opera la empresa, en el plazo de un mes a partir de su obtención. Las empresas que ya cuentan con un dominio antes de la fecha de aplicación de la ley disponen de un año para registrar este dato. El incumplimiento de estos puntos puede conllevar sanciones de entre 30.000 y 150.000 euros.

Sólo se podrá enviar e-mails promocionales o publicitarios a los destinatarios que hayan dado su consentimiento expreso o lo hayan solicitado. Como excepción, es válido el consentimiento tácito para los usuarios con los que se mantenga una negociación de un proceso de venta, pero la ley no regula claramente si se pueden enviar estas comunicaciones comerciales a clientes que ya han realizado procesos de contratación con la empresa. «Al no existir todavía un órgano que vaya a regular el cumplimiento de esta ley», aclara Ana Marzo, «no hay nadie que interprete si puede enviarse un e-mail publicitario a un cliente sin tener el consentimiento expreso».

Según esta abogada especialista, éste «es uno de los apartados más problemáticos, porque la fórmula «consentimiento expreso» implica que exista el consentimiento escrito y firmado de que el usuario acepta ese envío». El tercer e-mail publicitario enviado a un usuario que no haya dado ese consentimiento puede suponer una multa de entre 30.000 y 150.000 euros y originar que las autoridades soliciten el cese de actividades del site.

Por tanto, para estar seguros de cumplir a ciencia cierta con lo dispuesto por la ley, habría que contar con el consentimiento firmado de cada usuario al que se envía un e-mail publicitario. Marzo reconoce la inviabilidad de esta fórmula para casi la totalidad de las empresas que operan en Internet y cuya aplicación supondría prácticamente el cierre del negocio para los listbrokers de direcciones electrónicas. En su defecto propone almacenar los documentos electrónicos en los que el usuario otorga su consentimiento a estas comunicaciones, aunque en caso de sanción los tribunales deberán determinar si éstos suplen a un consentimiento escrito y firmado.

– Los e-mails promocionales deberán, además, estar identificados claramente como publicidad e incluir esta palabra al comienzo del mensaje. En el contenido se debe indicar también la persona física o jurídica en cuyo nombre se hace el envío y un procedimiento sencillo y gratuito para que los destinatarios interesados puedan revocar su consentimiento a recibir e-mails. También se debe informar de las condiciones de acceso y participación de los juegos, sorteos y promociones en general que se incluyan en estos mensajes.

– En el caso de empresas que realicen transacciones a través de Internet, deben disponer de contratos en formato digital con un contenido preestablecido e informar de los trámites a seguir para la celebración del contrato. La recepción de los pedidos debe confirmarse por e-mail o medio equivalente en el plazo de 24 horas a partir de la compra. Todo esto, sin perjuicio de que se aplique toda la legislación que rige las relaciones comerciales tradicionales –Código Civil, legislación de Condiciones Generales de Contratación o regulación de la firma electrónica-.

Además, la ley supone para los intermediarios -como los proveedores de acceso, servidores de alojamiento y operadores de telecomunicación- la obligación de guardar los datos de tráfico durante un año para posibles investigaciones criminales o para salvaguardar la seguridad pública y la defensa nacional.

Para más información la Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) ha elaborado un resumen divulgativo con recomendaciones acerca de la LSSI, disponible en este link.

También puede consultar el texto íntegro de la ley en nuestra sección de Estudios.

 

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