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La industria tecnológica pide al Gobierno reconsiderar su postura sobre la Directiva de Copyright

La industria tecnológica española rechaza la propuesta de Directiva de Copyright

AMETIC, Adigital, ASGECO, iCmedia, la Asociacion Española de Startups y la Asociación de Internautas piden al Gobierno un texto más equilibrado para la Directiva de Copyright.

La Directiva sobre los derechos de autor en internet está dando mucho de qué hablar en el sector después de que, el pasado 5 de julio, fuese rechazada en el Parlamento Europeo. El texto generó gran controversia entre los agentes del mercado digital, con posturas a favor y con los grandes imperios tecnológicos en contra por ser los grandes perjudicados.

Ahora es la industria tecnológica española la que sale al paso haciendo público su rechazo a la denominada Directiva de Copyright a través de un comunicado en el que manifiestan su “sorpresa y decepción” ante la postura favorable del Gobierno.

Pedro Mier, presidente de AMETIC; Carina Szpilka, presidenta de ADIGITAL; José Luis Colás Giraldos, presidente de iCmedia; José Carrero García, presidente de ASGECO Confederación; Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups y Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas firman un texto en el que se señala que “es particularmente preocupante que no se ha contado con la opinión de los demás interesados, representantes de la industria tecnológica, usuarios, consumidores, internautas y startups”.

Además, afirman, “a lo largo de la tramitación parlamentaria, se ha producido una enorme movilización por parte de muchas organizaciones ciudadanas, civiles y de internautas criticando esta propuesta de directiva. No obstante, a pesar de la disconformidad generalizada, el Gobierno ha solicitado a los Eurodiputados españoles que apoyen la redacción de la actual propuesta en la votación del próximo 12 de septiembre, sin que los sectores afectados hayan tenido la oportunidad de explicar los motivos por los que no la consideran la más adecuada”.

Aunque reconocen que los autores deben ser justamente remunerados, también destacan que “existen otras medidas garantizar este derecho sin ser tan perjudiciales para el desarrollo del Mercado Único digital, la economía innovadora y para el respeto de otros derechos fundamentales”.

Las implicaciones negativas que señalan son que el texto actual “supone, de facto, una obligación de filtrado convirtiendo a los proveedores en “policías” de la web” y perjudica la “creación de contenidos generados por los usuarios, tanto en las redes sociales como en otros servicios en línea para compartir contenidos, dificulta el ejercicio de derechos fundamentales y supone una importante barrera de entrada a nuevas empresas”.

Al mismo tiempo, añaden, perjudica la libertad de expresión en Iinternet, limitando el derecho de acceso a la información y afectando de lleno a la privacidad e intimidad, acceso a la cultura y al derecho de libertad de negocio al “elevar los derechos de autor por encima de otros derechos fundamentales”.

Además “convierte a las empresas proveedoras en jueces de las posibles infracciones, al mismo tiempo que presupone que los usuarios vulneran los derechos de propiedad intelectual” y hacen hincapié en “la eficacia de la autorregulación o la co-regulación”.

Asimismo, “supone un riesgo de fragmentación en la transposición de la Directiva en cada país, lo que minaría el Mercado Único Digital que se pretende y establecería un cambio radical en la regulación trasladando la responsabilidad del contenido a la plataforma, mero proveedor del servicio de alojamiento de contenidos”.

Por ello, solicitan al Gobierno que “reconsidere su postura, al entender que la propuesta de Directiva incluye medidas que podrían ser altamente perjudiciales para el desarrollo de Internet” e instan a encontrar “un equilibrio entre los derechos de los interesados, sin perjudicar el ejercicio de otros derechos como el de libertad de expresión” teniendo en cuenta 3 factores:

1. El control sobre la legalidad de los contenidos no puede ser sometido o juzgado de forma previa por una autoridad, un algoritmo o una herramienta tecnológica de filtrado: corresponde tan sólo los tribunales aplicar la ley civil o penal en cada caso.

2. Los responsables de actos como plagio o piratería son los autores de tal acto, y no se puede considerar a un servicio de internet como si fuera un cómplice o cooperador necesario.

3. La defensa del actual régimen de responsabilidad de proveedores de servicios de alojamiento, ya que ha demostrado su eficacia, buena fe y rápida actuación en la protección efectiva de los derechos de autor.

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