El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la llamada Ley Lasalle, una reforma parcial de la actual Ley de Propiedad Intelectual, más conocida como Ley Sinde, con la que se podría convertir a las agencias de publicidad en los policías de los derechos de propiedad intelectual, según ha denunciado la Asociación Española de Economía Digital Adigital.

Aunque todavía está pendiente de aprobación en el Congreso, prevista para finales de año, la ley presentada hoy por el Ministro de Cultura José Ignacio Wert coincide con el anteproyecto de ley que ya se había filtrado en internet y contra el que se ha levantado la industria publicitaria digital encabezada por Adigital.

Desde Adigital han manifestado “su más absoluta disconformidad con su proceso de elaboración. Un proceso en el que no se ha realizado ningún tipo de consulta ni información previa, tal y como se había comunicado a esta asociación en esferas gubernamentales”. La asociación, que agrupa a 500 entidades bajo el denominador común del entorno digital, considera “acertado y oportuno el anuncio del Ministerio de Educación y Cultura de acometer la reforma del marco regulador de la propiedad intelectual en España” para garantizar el desarrollo de la actividad económica digital en conjunto y no sólo la industria cultural, replanteando cuál es el papel de la propiedad intelectual en el contexto económico.

Adigital considera que es imprescindible contar con la participación activa y decidida de todos los sectores implicados y, por ello, se sorprende de que “desde el Gobierno se pretenda abordar esta reforma tan fundamental con un paquete de medidas que no han sido consensuadas ni tampoco consultadas con todos los actores involucrados”.

Desde MarketingDirecto.com hemos contactado con Julio Alonso, de Adigital, para conocer las implicaciones de esta nueva ley para la industria publicitaria en nuestro país. “El problema es que quieren atacar a las web de enlaces a través de los ingresos de publicidad y para ello quieren implicar a las empresas de publicidad en el sentido amplio”, explicó Alonso. Esto significa que una agencia que trabaje con una web de enlaces va a aparecer en una lista en el Ministerio de Cultura y, si no retira el apoyo, será sancionada.

Unas sanciones económicas que podrían alcanzar entre 30.000 y 300.000 euros pero en las que no se tienen en cuenta las complejas relaciones publicitarias entre editores, soportes, anunciantes y proveedores de pago que muchas veces ocurren de forma automatizada, según ha denunciado Adigital.

“Están implicadas un montón de empresas. Van a ver el anuncio de la marca. Van a empezar por el otro lado del camino”, ha denunciado Alonso. “Es la misma lógica que siguieron con Wikileaks. Como por la vía legal no han conseguido cerrarlos y como cambian de sitio para que estas leyes dejen de afectarles, voy a intentar quitarles los ingresos”.

“Esto supone una discriminación de competencia frente a los que tengan los servidores fuera”, añadió. “Va a pasar con la ley Lasalle lo que pasó con la Ley Sinde. Muchas páginas web, ante la duda, prefieren hacer el alojamiento fuera de España y las empresas de hosting españolas se quedan a dos velas”.