Digital

Las plataformas digitales deberán controlar y limitar los contenidos de odio y violencia

La modificación de la Directiva europea de servicios de comunicación audiovisual abre la polémica sobre la censura

La aprobación de la a modificación de la Directiva europea de servicios de comunicación audiovisual ha generado críticas sobre la censura que impone a las plataformas digitales.

Tras la polémica generada por la denominada directiva del "copyright", aprobada por el Parlamento Europeo el pasado mes de septiembre, las autoridades comunitarias se enfrentan ahora a nuevas críticas a raíz de la renovación de la directiva de servicios de comunicación audiovisual.

El objetivo de esta actualización que, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Unión Europea, deberá integrarse en las legislaciones nacionales de los Estados miembro en un plazo de 21 meses, es el de garantizar “una mejor protección para el público, y en especial para los menores, frente a contenidos violentos o nocivos o discursos de incitación al odio”.

Al mismo tiempo, tal y como aseguran desde el Consejo Europeo, busca que la televisión tradicional y servicios nuevos como la programación a la carta compitan en igualdad de condiciones, así como “aumentar la diversidad cultural y fomentar los contenidos de dimensión europea mediante la introducción de una cuota de al menos un 30 % de contenido europeo en el catálogo de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a la carta”.

La modificación de la Directiva de 2010 responde, por lo tanto, a la necesidad de adaptar la regulación a los nuevos servicios digitales. Sin embargo, las dudas y las críticas no han tardado en surgir.

La principal preocupación gira en torno a la obligación que impone a las plataformas digitales de controlar los contenidos y mensajes que en ellas se publican. La nueva directiva afirma: “los Estados miembros garantizarán, aplicando las medidas idóneas, que los servicios de comunicación audiovisual ofrecidos por prestadores de servicios de comunicación… no contengan: a) incitación a la violencia o al odio dirigidos contra un grupo de personas o un miembro de un grupo… y b) provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo”.

El debate se centra a la auto censura que genera esta imposición y es que, si los delitos de odio se rigen por el Código Penal y, por lo tanto, sus límites son impuestos por el órgano judicial, las plataformas asumen la responsabilidad de considerar qué contenidos, no siendo delito, suponen una incitación a la violencia o al odio.

Un criterio subjetivo que va en contra del principio fundacional de internet: la libertad de expresión y de compartición.

Son muchos los que creen que las compañías privadas que rigen estos servicios no tienen la potestad de establecer criterios que limiten a los usuarios y que debería ser, en su lugar, un órgano regulatorio como el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales el encargado de velar por un entorno libre de odio. Un debate que, sin duda, dará mucho de qué hablar en los próximos meses.

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