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Las claves de la Ley Sinde-Wert, que entra hoy en vigor

Ya han pasado casi tres años desde que la Ley Sinde fuera aprobada en el Consejo de Ministros, en noviembre de 2009, generando una enorme controversia y suscitando todo tipo de debates acerca de la protección de los derechos de autor y los límites legales en la red. Pero, después de presiones de la industria, de los artistas, de la oposición en la red, el lanzamiento de ataques online y un cambio de gobierno, el Real Decreto ha conseguido ver la luz hoy de la mano del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.

La normativa, conocida por Ley Sinde-Wert, pone en marcha la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual en la que funcionarios de diversos ministerios construirán puentes entre propietarios de derechos de autor y propietarios de páginas web. Estos funcionarios también podrán solicitar la retirada de contenidos o el cierre de aquellas páginas que violen los derechos de autor, según la información publicada por Europa Press. El procedimiento es el siguiente: el titular de los derechos de autor será el que ponga en marcha la maquinaria y quien motive la actuación de la Comisión, que sólo actuará si considera que el site obtiene beneficios de una actividad ilegal. Esta acción dará comienzo a un proceso administrativo que se puede alargar hasta 20 días.

Si los contenidos que se reclaman no han sido retirados durante el proceso, será la justica, en concreto el Juzgazo Central de lo Contencioso Administrativo, la que se pronuncie y, al aceptar a trámite la solicitud, se identificará al presunto infractor que, desde ese momento, contará con 48 horas para, o bien retirar el contenido, o bien presentar alegaciones. Después, será una decisión judicial la que determine si se interrumpe el proceso o se retira el contenido.

La nueva ley se ha estrenado con la denuncia por parte de Eme Navarro, músico y miembro de la Sociedad General de Autores (SGAE) contra 210 webs, acusándolas de enlazar una de sus canciones con copyright y con el objetivo de demostrar su supuesta “ineficacia”. Según el Gobierno, se va a obligar a que las denuncias se reciban de forma electrónica, por lo que los denunciados tendrán que tener firma electrónica para recibirlas y contestarlas. Además, las comunicaciones relativas a la ley, según la Orden Ministerial, deberán establecerse por medios electrónicos, aunque no todas las partes están obligadas.

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