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El acuerdo busca frenar la competencia fiscal entre países y establecer una tributación justa

Los ministros de finanzas del G7 acuerdan impulsar la "tasa Google"

Los ministros de finanzas del G7 han acordado un impuesto digital que grave la actividad de las compañías digitales en los países en los que operan con independencia de su presencia física en ellos.

googleEl pago de impuestos de los gigantes tecnológicos ha dado mucho de qué hablar dentro y fuera de nuestras fronteras.

Las triquiñuelas de compañías como Apple, Amazon o Google han puesto en alerta a las autoridades internacionales que cercan cada vez más a unas empresas que echan mano de todo tipo de atajos para pagar menos impuestos de los que deberían por su actividad en los diferentes países.

Sin embargo, parece que esto está a punto de acabar. Los ministros de finanzas del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) han acordado impulsar un impuesto digital que establece la obligación para cualquier empresa digital de tributar en los países en los que operen, independientemente de si cuentan con sede física en el territorio.

Este acuerdo busca no solo prevenir la evasión de impuestos por parte de las grandes empresas que establecen sus domicilios sociales en países con leyes fiscales mas beneficiosas, sino también acabar con la rivalidad entre países en esta materia.

En este sentido, en la reunión también se ha propuesto la fijación de un impuestos de sociedades mínimo en cada país para que las empresas paguen una cifra justa, finalmente, esta cuestión ha quedado en el aire para su posterior análisis.

Se espera que este impuesto digital entre en vigor en 2020, después de la búsqueda de un acuerdo internacional en el próximo G20.

Por el momento, países como Francia ya han aprobado la polémica “tasa Google” que grava con 3% la cifra de negocio de las compañías en el territorio galo y que ha generado críticas por parte del Gobierno estadounidense que considera la medida discriminatoria por afectar principalmente a las empresas nacionales.

Un gravamen que también el Ejecutivo español está dispuesto a llevar a cabo a pesar de las amenazas de la Administración Trump y que también estudian otros países como Reino Unido, Austria, Bélgica, Italia o Australia.

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