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Los pequeños cambios que lograron el pacto por la Ley Sinde

Después de ser tumbada en el Congreso, la conocida como Ley Sinde salió ayer airosa del Senado tras un acuerdo in extremis entre el Gobierno, el PP y CiU. La Disposición Final Segunda del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, que es como en realidad se llama la normativa propuesta para el cierre de sitios web de enlaces a contenidos protegidos por derechos de autor, ha sufrido pequeños cambios, que para algunos son insuficientes.

En la anterior redacción de la Ley no era necesaria la autorización judicial para que la Comisión de Propiedad Intelectual requiriese los datos de un cliente a un proveedor de servicios. Ahora sí. En concreto, hay que solicitarlo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

En la nueva redacción se establece la composición de la Sección Primera, de mediación y arbitraje, de la Comisión de Propiedad Intelectual: "tres miembros nombrados por el Ministerio de Cultura, a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Economía y Hacienda, Cultura y Justicia, por un período de tres años renovable una sola vex, entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual. Los Ministerios de Cultura y Economía y Haciendo nombrarán, conjuntamente, al Presidente de la Sección Primera". Así como la composición de la Sección Segunda: "bajo la presidencia del Subsecretario del Ministerio de Cultura o persona en la que éste delegue, se compondrá de un vocal del Ministerio de Cultura, un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un vocal del Ministerio de Economía y Hacienda y un vocal del Ministerio de Presidencia".

Además, en esta nueva propuesta se dan más detalles sobre los plazos de actuación de la Sección Segunda. Se establecen 48 horas para que el prestador de servicios retire el contenido infractor o presente alegaciones, dos días pra efectuar pruebas periciales, cinco días para presentar sus resultados y otros tres días para la resolución de la comisión, sin contar con lo que tarde en ratificarla o desautorizarla un juez. Finalmente, el Gobierno se compromete, "en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley, mediante Real Decreto" a modificar la regulación del canon digital.

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha afirmado tras el acuerdo que la nueva legislación "garantiza absolutamente los derechos de todos". "Los usuarios tienen que tener absoluta tranquilidad" porque esta ley no les perseguirá, ha añadido en declaraciones a la prensa en el Senado. Además, con el acuerdo logrado entre el PP, el PSOE y CiU, "aumentan las garantías y la protección de los titulares de derechos de propiedad intelectual".

El lado opuesto lo representa la Asociación de Internautas. Según señala El Mundo, numerosos internautas han expresado su oposición a la nueva ley antidescargas. Una norma que han calificado de "desastre", mostrándose especialmente críticos con el cambio de posición del PP. "La ley no tiene ningún tipo de solución para el problema y nos pone en una inseguridad jurídica importante porque se mete entre juez y juez una comisión que no sabemos qué funciones tendrá en un futuro", ha subrayado el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo.

Al igual que cuando se debatió en el Congreso, distintas personalidades del mundo del espectáculo han expresado públicamente su opinión sobre la Ley. Alex de la Iglesia, presidente de la Academia de Cine, ha descalificado en su cuenta de Twitter la resurrección de la Ley y ha afirmado que los tres partidos políticos implicados "han pactado una ley que no convence a nadie". De la Iglesia, califica de "desastre" el acuerdo. "Lo hemos intentado y no ha habido respuesta. Cero. Han pactado una Ley que no convence a nadie", escribió el cineasta quien se pregunta para concluir "¿dos intervenciones judiciales?".

Una de las posturas menos populares es la de Alejandro Sanz. A través de su Twitter, Sanz celebraba: "Lo conseguimos... Hay acuerdo sobre la ley de descargas". "Mañana emitiremos un comunicado del lado de los creadores para agradecer a quien corresponda. Finalmente un poco de justicia".

Por su parte, la plataforma Red SOStenible califica las medidas pactadas de "intrincado andamiaje legal para apuntalar que La propiedad intelectual está por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos y que ni siquiera es un juez quien va a evaluar si ésta es violada o no". Asimismo, declara en un comunicado lo siguiente: "No votaremos a los que han dado las espaldas a los ciudadanos, más preocupados por unos intereses que nada tienen que ver con la representación democrática ni con los derechos de los autores y de la sociedad civil."

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