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El modelo de negocio de Airbnb se tambalea tras la nueva ley del turismo en Baleares

El turismo no para de crecer en nuestro país. Algunos destinos como Barcelona, las Islas Baleares o Madrid son visitados cada año por millones de turistas pero lo que para unos es una buena noticia para otros no lo es tanto. Y es que en los últimos días la polémica ha sido notable.

La denominada turismofobia que se ha desatado en algunas ciudades ha aumentado la preocupación de las autoridades y ha puesto de relieve la necesidad de establecer unas medidas regulatorias sobre todo en lo que al alquiler de viviendas respecta.

Y más tras el auge de plataformas de alquiler vacacional como Airbnb que ya se ha visto envuelto en problemas con el consistorio barcelonés tras ser acusado de publicitar en su web pisos que carecen de licencia para el arrendamiento turístico y, por lo tanto, son ilegales.

A pesar de haber llegado a un acuerdo con el gobierno de Ada Colau, los problemas no parece que vayan a cesar para la plataforma, sobre todo tras las nuevas medidas que ha tomado el ayuntamiento balear.

El Govern ya lo venía anunciando hace tiempo pero no ha sido hasta ahora cuando se han puesto sobre la mesa unas decisiones que pretenden crear, aseguran, un modelo turístico sostenible.

Algunas de las nuevas normas pasan por limitar el número de plazas turísticas tanto para los hoteles como para los pisos de particulares. Una ley que acaba de entrar en vigor y que fija un límite de 623.624 plazas, con 435.707 en Mallorca, de las cuales 300.127 son hoteleras y 92.931 extrahoteleras quedando la cifra restante de 42.649 para su concesión a cambio de un pago.

Por su parte Ibiza fija el límite en 109.800 plazas, 80.143 hoteleras y 20.657 para pisos turísticos con 9.000 de concesión adicional mientras que Menorca tendrá 60.117 y Formentera 18.000.

Asimismo, el gobierno balear ha asegurado que estas cifras no serán renovadas en caso de darse bajas de manera que el número de licencias podría seguir descendiendo.

En cuanto a las plataformas digitales el problema no es menor pues el consistorio está dispuesto a cortar el grifo a la nueva economía colaborativa.

Y para cortar de raíz el problema ha establecido la obligación de mostrar solo pisos con licencia para el alquiler turístico acompañadas del correspondiente número del registro de Turismo a riesgo de ser multadas, en caso de no cumplir la normativa, con sanciones que oscilan entre los 40.000 y los 400.000 euros y entre los 20.000 y los 40.000 euros para particulares.

La nueva ley cuenta con detractores y simpatizantes a partes iguales y el tema traerá cola pues, ya son numerosos los ayuntamientos que se plantean seguir los pasos de las autoridades baleares.

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