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PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO

Nota de prensa:

La intención del Anteproyecto de Ley sobre Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico no es disminuir la protección del consumidor en el ámbito que nos ocupa, puesto que la confianza del consumidor es básica para el desarrollo de este sector. No someter al usuario a una ley o jurisdicción extranjera estimula su confianza, tal y como ha manifestado recientemente el Comisario de Salud y Protección de Consumidores David Byrne.

La protección de los consumidores en el ámbito del Comercio Electrónico ha hecho correr ríos de tinta desde que se inició la redacción de la Directiva 2000/31/CE sobre Comercio Electrónico.

Esfuerzo vano, si tenemos en cuenta que, la Directiva no establece ningún criterio para determinar cuál es la legislación aplicable a las obligaciones contractuales que surgen de la celebración de un contrato a través de Internet, en el que una de las partes es un consumidor. Ni tampoco establece ningún criterio para determinar cuál es el lugar en el que un consumidor puede presentar una reclamación.

Sin embargo, la Directiva se muestra claramente a favor de la aplicación del principio de control en origen de los servicios de la sociedad de la información, como no podía ser de otra forma, según lo dispuesto en el artículo 14 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea en relación con la libre circulación de mercancías, servicios y de establecimiento.

Protección de los consumidores
En relación con la protección de los consumidores la Directiva establece en el considerando 55 “La presente Directiva no afecta a la legislación aplicable a las obligaciones contractuales relativas a los contratos celebrados por los consumidores; por lo tanto la presente la Directiva no podrá tener como efecto el privar al consumidor de la protección que le confieren las normas obligatorias relativas a las obligaciones contractuales que impone la legislación del Estado miembro en que tiene su residencia habitual”.

Además el párrafo 4 del artículo 1 de la Directiva dice: “La presente Directiva no establece normas adicionales de Derecho internacional privado ni afecta a la jurisdicción de los tribunales de justicia”. En este mismo sentido se expresa el párrafo 3 del artículo 3 de la Directiva cuando establece que los apartados 1 y 2 del artículo 3 no se aplicarán a las obligaciones contractuales relativas a contratos celebrado por los consumidores.
El Convenio de Roma y en el Convenio de Bruselas resuelven estas cuestiones de forma que los intereses de los consumidores resultan plenamente protegidos, cuando se trata de contratos celebrados a distancia a través de Internet entre un consumidor y un prestador de servicios con domicilios situados en diferentes Estados.

En relación con la legislación aplicable, el articulo 5 del Convenio de Roma establece que las partes podrán elegir la ley aplicable al contrato pero en ningún caso esto puede tener como resultado la no aplicación de las normas imperativas, que sobre protección de los consumidores existan en el país donde el consumidor tiene su residencia habitual. Y para cuando las partes no hayan determinado cuál es la ley aplicable será de aplicación la del país donde el consumidor tenga su residencia habitual. Respecto al lugar donde el consumidor puede presentar una reclamación el Convenio de Bruselas permite al consumidor presentarla en el país donde este domiciliado.

Principio de origen

La Directiva acoge explícitamente la aplicación del principio de origen. El considerando 22 de la Directiva dice: “El control de los servicios de la sociedad de la Información debe hacerse en el origen de la actividad para garantizar que se protegen de forma eficaz los intereses generales y que para ello, es necesario garantizar que la autoridad competente garantice dicha protección no sólo en caso de los ciudadanos de su país, sino en el de todos los ciudadanos de ls Comunidad”.

Además, el párrafo 1 del articulo 3 de la Directiva establece que “todo Estado miembro velará por que los servicios de la Sociedad de la Información facilitados por un prestador de servicios establecido en su territorio respeten las disposiciones aplicables en dicho Estado miembro que formen parte del ámbito coordinado” y en consecuencia el párrafo 2 establece que “los Estados miembros no podrán restringir la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la información de otro Estado Miembro por razones inherentes al ámbito coordinado”.

Anteproyecto de Ley

Con estos antecedentes entendemos que el actual anteproyecto de Ley trata la cuestión de la protección de los consumidores y usuarios de forma poco clara, que puede dar lugar a diferentes interpretaciones, aunque como ya hemos mencionado anteriormente no es intención del legislador disminuir la protección del consumidor en el ámbito del Comercio Electrónico.

Así en artículo 22 del anteproyecto de Ley se dice que “el contrato electrónico se considerará celebrado en el lugar en el que el prestador del servicio esté establecido, salvo que ninguna de las partes contratantes sea consumidor o usuario y pacten lo contrario. El lugar de celebración del contrato así determinado, servirá para interpretarlo conforme a los usos y costumbres del citado lugar y para determinar, en su caso, la jurisdicción competente para conocer de su impugnación o exigir su cumplimiento” sin perjuicio de lo previsto en el artículo 1 de esta Ley.
En el artículo 1.5 del anteproyecto se establece que “las disposiciones contenidas en esta Ley no alteran ni modifican el régimen jurídico aplicable a los derechos de los consumidores, incluso cuando éstos actúen como inversores en el ámbito del mercado de valores”.

Lo dispuesto en el artículo 22 del anteproyecto se trata de una presunción acerca del lugar de celebración del contrato. Así, entraría en juego en aquellos casos en los que, tanto para determinar la ley aplicable como la jurisdicción competente, fuera necesario acudir al lugar de celebración del contrato por remisión de las correspondientes normas de derecho internacional privado.
Lo establecido en este artículo no tendrá relevancia en la mayor parte de los contratos que se celebren con consumidores, ya que el lugar de celebración del contrato no servirá, generalmente para determinar la ley aplicable ni la jurisdicción competente. Esta interpretación viene avalada entre otros por lo dispuesto en los Convenios de Roma y Bruselas y en los considerandos 23, 55 y el párrafo 4 del articulo 1 de la Directiva 2000/31/CE que el Anteproyecto de Ley desarrolla.

Cabe pensar que las ventajas de la adopción del denominado “principio de origen” se difuminan, ya que los prestadores de servicios de la sociedad de la información deberán en todo caso conocer la regulación de la protección del consumidor de cada país en el que quieran operar (muy similares en el ámbito de la Unión Europea).

Sin embargo, puede interpretarse el texto en el sentido siguiente, de acuerdo con el principio de control en origen. Los prestadores de servicios deberán conocer la regulación en materia de protección al consumidor, pero no será necesario satisfacer los requisitos de cada país para actuar en él. Es decir, un prestador de servicios situado en Portugal que quiera operar en España, no deberá obtener las autorizaciones y permisos requeridos por el Estado español, ya que “el contrato se entenderá celebrado en el lugar en el que el prestador del servicio esté establecido”. Sólo será necesario que el prestador de servicios cumpla con la normativa vigente en su país de origen, pero respetando la regulación de la protección al consumidor de los países en los que pretenda actuar. Con ello se fomenta la competencia, y no se deja desprotegido al consumidor nacional.

Así, veamos el ejemplo de un vendedor de vinos situado en España.

Para un vendedor de vinos español, que quiera operar en cualquier lugar de la Unión Europea, será suficiente contar con los permisos y licencias exigidos por la legislación española, ya que los contratos realizados se entenderán celebrados “en el lugar donde el prestador de servicios esté establecido”. Sin embargo, ante cualquier conflicto con consumidores portugueses, éstos podrán demandarle en Portugal, y aplicar la legislación portuguesa al fondo del asunto en materia de protección al consumidor.

Iñaki Uriarte Landa, Director de relaciones Institucionales y Asuntos Jurídicos AECE

Para más información, puede contactar con:
FECEMD – Federación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo
Tel. 93.240.40.70
Fax: 93.201.29.88
Jefa de prensa: Ana Resina
e-mail: [email protected]

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