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RECHAZO GENERALIZADO A LA REFORMA DE LA LEY DE IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

La libertad que caracteriza internet podría tener los días contados. Una reforma legal, aún en trámite, establece que las entidades de gestión de derechos de autor, tales como la SGAE, pueden obligar a las operadoras proveedoras de servicios de internet a bloquear contenidos. El artículo 17 bis extendería el poder de dichas entidades a los ordenadores personales, al tener en cuenta los intercambios de archivos entre particulares (P2P). De aprobarse la reforma, las entidades de gestión podrían actuar directamente y sin acudir a los tribunales contra un particular que tuviese al menos diez archivos en sus carpetas públicas de intercambio.

Tanto el Consejo de Estado, como la Asociación de Internautas y las operadoras telefónicas están en desacuerdo. El Consejo de Estado critica sobre todo la “introducción tardía” de este artículo, del que no habían sido informados ni los consumidores ni el Consejo Asesor Técnico de la Sociedad de la Información (Catsi). El órgano también critica que el artículo no exige más prueba para solicitar el cierre de un sitio web que la sola afirmación de las entidades de gestión de derechos. Además, muy pocos países europeos recogen artículos como este en sus normativas. “La Unión Europea tiende a fomentar el procedimiento de códigos de conducta mediante acuerdos voluntarios entre las partes implicadas”, asegura el Consejo.

Por su parte, la Asociación de Internautas ha denunciado que “el anteproyecto convierte a la SGAE y a entidades análogas en órganos judiciales capaces de calificar como ilícito y culpable la actuación de un usuario, y a los prestadores de servicios en empresas a las órdenes de estos supuestos jueces”. Los internautas ya han anunciado movilizaciones porque consideran que esta reforma es un peligro para la libertad en internet. Las operadoras también han rechazado la obligación de vigilar los contenidos que los usuarios comparten en internet, ya que consideran que este nuevo artículo afecta a los derechos fundamentales de la libertad de expresión y el secreto de las comunicaciones.

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