Digital

Google se opone a los artículos 11 y 13 de la Ley de Copyright

La reforma de la normativa sobre los derechos de autor podría reducir el tráfico de los medios un 45% según Google

Según un estudio interno elaborado por Google la aprobación de la nueva normativa relativa a los derechos de autor propuesta por al Unión Europea, podría reducir el tráfico de los medios en un 45%.

union_europeaLa Unión Europea continúa adelante con su reforma sobre la legislación relativa a los derechos de autor.

Estamos ante una de las reformas que más polémica ha suscitado en los últimos tiempos ante la preocupación que genera entre numerosos políticos y empresas. El objetivo es que el texto final esté listo para su aprobación entre marzo y abril de 2019.

Kent Walker, vicepresidente ejecutivo de asuntos globales de Google ha presentado su oposición ante este proyecto. El gigante tecnológico apremia a la búsqueda de alternativas antes de que sea demasiado tarde.

Concretamente Google pone el foco en los artículos 11 y 13 del texto que se está preparando. El gigante de las búsquedas considera que podrían tener “efectos catastróficos” en la economía creativa del viejo continente al obstaculizar el intercambio de noticias.

¿Qué supone el artículo 11?

El artículo 11, en su forma actual, limitará la capacidad de los agregadores de noticias a la hora de mostrar fragmentos de artículos.

En lo referente a los derechos de autor, el artículo 11 tiene por objetivo proteger tanto a los creadores de contenido como a los medios de comunicación, tal y como puede leer a continuación:

Protección de las publicaciones de prensa en lo relativo a los usos digitales.

1. Los Estados miembros reconocerán a las editoriales de publicaciones de prensa los derechos previstos en el artículo 2 y en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2001/29/CE para el uso digital de sus publicaciones de prensa.

2. Los derechos contemplados en el apartado 1 no modificarán en absoluto ni afectarán en modo alguno a los derechos que la normativa de la Unión establece para los autores y otros titulares de derechos, en relación con las obras y otras prestaciones incorporadas a una publicación de prensa. Tales derechos no podrán invocarse frente a los autores y otros titulares de derechos y, en particular, no podrán privarles del derecho a explotar sus obras y otras prestaciones con independencia de la publicación de prensa a la que se incorporen.

3. Se aplicarán mutatis mutandis los artículos 5 a 8 de la Directiva 2001/29/CE y de la Directiva 2012/28/UE en lo que respecta a los derechos mencionados en el apartado 1.

4. Los derechos contemplados en el apartado 1 expirarán a los veinte años de la aparición en la publicación de prensa. Este plazo se calculará a partir del primer día del mes de enero del año siguiente a la fecha de publicación.

Según lo recogido en el texto, compartir un fragmento de una noticia o cualquier tipo de contenido que esté protegido por los derechos de autor queda prohibido hasta pasados 20 años desde su creación.

Google alerta de las consecuencias

De acuerdo a las investigaciones realizadas por Google, el hecho de sólo mostrar la URL, fragmentos breves de titulares y no contar con apoyo visual, “podría generar la pérdida de tráfico sustancial para los editores de noticias”.

“Incluso una versión moderada del experimento (se muestra el título de la publicación, la URL y la miniatura del vídeo) ha llevado a una reducción del 45% del tráfico de los editores de noticias”, ha explicado Walker.

“Nuestro experimento ha demostrado que muchos usuarios recurrieron a sitios que no son de noticias”, como es el caso de las redes sociales. Google señala al respecto que la aprobación de la nueva normativa relativa a los derechos de autor se traduciría además en una pérdida de calidad del periodismo.

Quienes se oponen al ya citado artículo 11 argumentan que, cualquiera que utilice un fragmento de contenido periodístico online, deberá obtener en primer lugar una licencia por parte del editor.

Un sistema por el que pasarían automáticamente a la ilegalidad prácticamente todos los modelos de negocio sobre los que se sustentan los agregadores de noticias.

El artículo 11 ha sido visto como una forma de contrarrestar la influencia que ejercen grandes empresas como Google al obligarlas a compensar de manera justa a los editores la propiedad intelectual de sus contenidos. Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que Google se oponga fervientemente.

Otros opositores al artículo 11 sin una implicación tan directa como Google indican que se está haciendo una licitación a las grandes editoriales, en vez de proteger el periodismo de calidad. En última instancia consideran que estamos además ante una amenaza a la libertad de expresión.

El artículo 13: ¿una máquina de censura?

El artículo 13 es otra de las grandes preocupaciones. Sus opositores argumentan que se traducirá en censura ya que las plataformas responsables de monitorizar el comportamiento de los usuarios, podrán detener las infracciones de los derechos de autor antes de que estas se produzcan.

El objetivo del artículo 13 pasa por velar porque el contenido que publiquen los usuarios no viole el copyright. Esto significa que plataformas como Facebook, Twitter o Google tendrán que tomar las medidas pertinentes para identificar los contenidos. Así queda recogido:

Uso de contenidos protegidos por parte de proveedores de servicios de la sociedad de la información que almacenen y faciliten acceso a grandes cantidades de obras y otras prestaciones cargadas por sus usuarios.

1. Los proveedores de servicios de la sociedad de la información que almacenen y faciliten acceso público a grandes cantidades de obras u otras prestaciones cargadas por sus usuarios adoptarán, en cooperación con los titulares de derechos, las medidas pertinentes para asegurar el correcto funcionamiento de los acuerdos celebrados con los titulares de derechos para el uso de sus obras u otras prestaciones o para impedir que estén disponibles en sus servicios obras u otras prestaciones identificadas por los titulares de los derechos en cooperación con los proveedores de servicios. Esas medidas, como el uso de técnicas efectivas de reconocimiento de contenidos, serán adecuadas y proporcionadas. Los proveedores de servicios proporcionarán a los titulares de derechos información adecuada sobre el funcionamiento y el despliegue de las medidas, así como, en su caso, información adecuada sobre el reconocimiento y uso de las obras y otras prestaciones.

2. Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios contemplados en el apartado 1 implanten mecanismos de reclamación y recurso a los que puedan acceder los usuarios en caso de litigio sobre la aplicación de las medidas a que se refiere el apartado 1.

3. Los Estados miembros facilitarán, cuando proceda, la cooperación entre los proveedores de servicios de la sociedad de la información y los titulares de derechos a través de diálogos entre las partes interesadas para determinar las mejores prácticas como, por ejemplo, las técnicas de reconocimiento de contenidos adecuadas y proporcionadas, teniendo en cuenta, en particular, la naturaleza de los servicios, la disponibilidad de las tecnologías y su eficacia a la luz de la evolución tecnológica.

Muchas voces señalan que el artículo 13 podría conducirnos a una censura más amplia. Una legislación similar se aprobó en España y Alemania en 2014 y acabó fracasando.

El principal problema que plantea el artículo 13 está directamente relacionado con la libertad de expresión. Las críticas apuntan directamente a la creación de “máquinas de censura” y, en el caso de España, habrá que ver cómo se interpreta este artículo con el 39 de la Ley de propiedad Intelectual.

Francia y Alemania dan el visto bueno

Todo apunta a que los dos artículos de la discordia acabarán formando parte de la ley definitiva.

Francia y Alemania, los dos ejes del poder europeo, han acordado una versión del artículo 13 que no eximirá de su cumplimiento a las plataformas más pequeñas.

Todavía existe la posibilidad de que la reforma de Ley de los derechos de autor no se convierta en tal.

Esta tiene que superar la votación de los miembros del Parlamento de la Unión Europea que se producirá entre marzo y abril.

Cabe señalar que muchos de ellos serán sustituidos o reelegidos tras las próximas elecciones al Parlamento Europeo en mayo.

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