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Así funciona la nueva LOPD: el spam electoral

El Senado da luz verde al spam electoral

El Senado ha aprobado la nueva Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales (LOPD) con todos sus artículos dando luz verde a los partidos políticos para realizar spam electoral.

senadoEl Senado ha avalado la nueva Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales (LOPD) a través de la que se permite que los partidos políticos y agrupaciones electorales puedan rastrear los datos personales y opiniones políticas de los usuarios en las redes sociales y páginas web que visitan.

Un punto que se añadió de forma tardía en el camino hacia su aprobación (al amparo de los "derechos digitales") que en ningún momento ha gustado ni a juristas ni a expertos pero que fue usado por los partidos políticos a la hora de defender el texto como un blindaje de nuestros derechos digitales.

La nueva LOPD ha modificado la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) que ha introducido a través del Artículo 58 bis el citado tratamiento especial para los partidos políticos al legitimarlos a la hora de recoger datos sobre las opiniones políticas de los ciudadanos y potenciales votantes.

Este es el Artículo 58 bis.:

1. La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas.

2. Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral.

3. El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial.

4. Las actividades divulgativas anteriormente referidas identificarán de modo destacado su naturaleza electoral.

5. Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición.

¿La legalización del spam electoral?

El Senado ha hecho caso omiso a las críticas sobre este aspecto de la nueva legislación por lo que ya se ha considerado esta práctica ya legalizada como spam electoral.

Ahora los partidos políticos pueden hacer llegar a los usuarios y potenciales votantes propaganda electoral a través de cualquier medio digital.

Esto significa que durante los periodos electorales podremos recibir propaganda afín a nuestra ideología en el correo electrónico o WhatsApp entre otros.

Ninguna de estas comunicaciones tendrá la consideración de actividad o comunicación comercial amparándose en la nueva ley.

Esta fue aprobada por 220 votos a favor y 21 en contra. Durante la votación la única formación política que se ha hizo eco de las protestas de los expertos en derecho digital fue Unidos Podemos.

Cabe recordar que votaron tres veces a favor en la comisión de Justicia del Congreso, el Pleno del Congreso y la comisión de Justicia del Senado.

Celia Cánovas, portavoz en el Senado de la formación morada ha recalcado que la normativa es una “peligrosa involución”. Considera que la vía libre que ahora tienen los partidos políticos para elaborar perfiles ideológicos nos sitúa en un escenario “alarmante”, según recogen en el diario El País.

La defensa de la Agencia Española de Protección de Datos

El Partido Popular y el PSOE han defendido el texto alegando que estamos ante un gran paso en materia de derechos digitales. Su defensa remite directamente al comunicado emitido al respecto por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):

“El texto del Proyecto no permite el tratamiento de datos personales para la elaboración de perfiles basados en opiniones políticas. Tampoco permite el envío de información personalizada basada en perfiles ideológicos o políticos”.

"El Proyecto sólo permite, conforme al Considerando 56 del RGPD, la recopilación por parte de los partidos políticos de datos personales relativos a opiniones políticas para obtener información que les permita pulsar las inquietudes de los ciudadanos con el fin de poder darles respuesta en sus propuestas electorales. Esta interpretación se fundamenta en la supresión del término 'tratamiento' recogido en la enmienda 331 inicialmente presentada en el Congreso", concluye el comunicado de la AEPD.

La nueva normativa únicamente obliga a los partidos políticos a “identificar de modo destacado la naturaleza electoral” de los mensajes que envíen a los usuarios. Tienen el deber legal de informar a estos “de un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición”.

¿Un nuevo Cambridge Analytica?

Los expertos de derecho digital, así como numerosas asociaciones de internautas ven en el paso dado por los partidos políticos un caldo de cultivo perfecto para en España se produzca un escándalo como el de Cambridge Analytica.

La consultora trabajó en la campaña electoral que abrió las puertas de la Casa Blanca a Donald Trump. Esta elaboró algoritmos basados en los datos personales de usuarios de Facebook sin su consentimiento.

“De lo que estamos hablando es de dejar las manos libres para unas organizaciones con los máximos incentivos para utilizar cuantos medios tengan a su alcance para conseguir su objetivo: ganar elecciones y conseguir el poder”, explica en su blog el delegado de protección de Datos y abogado Jorge García Herrero.

¿Puede ser anulada?

Desde eldiario.es han consultado con diversos juristas que han criticado duramente y de forma pública la LOPD. Creen que la disposición tercera acabará siendo anulada tarde o temprano por la Justicia.

Pero no se trata de una opinión unánime según lo recogido por el Considerand 56 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD):

“Si, en el marco de actividades electorales, el funcionamiento del sistema democrático exige en un Estado miembro que los partidos políticos recopilen datos personales sobre las opiniones políticas de las personas, puede autorizarse el tratamiento de estos datos por razones de interés público, siempre que se ofrezcan garantías adecuadas”.

El camino a seguir ahora pasa por una comprensión exhaustiva de la nueva normativa.

Un recorrido que no está exento de dudas que requiere una importante labor por parte de la autoridad de control nacional para guiar en la instrucción a los profesionales para asegurar una aplicación efectiva.

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