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Sí se cerrarán las webs de descargas, pero con orden judicial

Continúa la polémica por la ley que permitirá cerrar las páginas de descargas. El procedimiento que permitirá bloquear páginas web que alojen o faciliten sin permiso la descarga de archivos sujetos a derechos de autor como películas, canciones o videojuegos ya está listo.

Se tratará de un procedimiento rápido de menos de un mes, a propuesta de la Comisión de la Propiedad Intelectual, pero con autorización judicial previa. Se trata del mismo modelo que emplean los ayuntamientos para la paralización de una obra o el que permite la retirada de anuncios y campañas publicitarias ilícitas.

El Gobierno intenta dar así una solución salomónica que contente a la industria cultural -representada por la llamada Coalición de Creadores-, ofreciéndole tal y como reclamaba un procedimiento rápido para impedir las descargas no autorizadas, y de paso calmar a gran parte de la comunidad internauta, introduciendo la autorización judicial previa, cuya demanda provocó una revuelta digital que obligó al Gobierno, con su presidente José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, a salir a la palestra para asegurar que “no se cerrará ninguna web” sin que lo decidiera un juez.

Julio Alonso, director general de Weblogs y uno de los representantes del movimiento internauta que se reunió con la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, el pasado día 3 de diciembre para debatir sobre la ley, señala en El País que la inclusión de la autorización judicial le parece positivo pero le preocupa que el Gobierno quiera llevara a cabo este procedimiento por un reglamento y no por una ley. “No es suficiente con que las garantías o para las webs vayan en un reglamento, deben constar en una ley, en este caso, en la Ley de Economía Sostenible. Los reglamentos no pasan por el Parlamento. Además, ¿quién me dice que ese reglamento no va a ser modificado por el Gobierno en un tiempo y van a desaparecer las garantías de tutela judicial?”.

Más crítico se muestra el presidente de la Asociación de Internautas, Victor Domingo “El Gobierno quiere hacer un requiebro para saltarse las garantías judiciales porque lo que busca, en realidad, es hacer ilegal algo que ahora mismo no lo es, como son las descargas. Cualquier regulación sobre un derecho fundamental como el del acceso a Internet o de publicación de contenidos en la Red debe requerir la aprobación previa del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. No basta un reglamento: es preciso retirar la disposición final de la ley de Economía Sostenible”.

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