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Un abogado especializado en derecho digital examina la 'tasa Google' en relación con los estándares comunitarios

zzLa reforma de la Ley de Propiedad Intelectual está dando mucho de qué hablar, ante todo uno de sus apartados, la polémica ‘tasa Google‘, que recoge la compensación a los editores frente al enlace o cita de sus contenidos por parte de los agregadores, una medida inédita en Europa.

Con el fin de arrojar algo más de luz sobre esta tasa que está causando tanto revuelo en la red, hemos contactado con José María Baños, abogado especializado en nuevas tecnologías de la firma Letslaw Law Firm.

El problema de rentabilizar los contenidos en la red lleva tiempo ofreciendo quebraderos de cabeza y la sentencia Svensson es un ejemplo de ello. Según Baños, unos periodistas demandaron a una página web que facilitaba a los usuarios, a través de enlaces, artículos previamente publicados por los periodistas en otro diario.

Ante esta situación el Tribunal de Primera Instancia de Estocolmo garantiza a los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comunicación al público de sus obras, definiéndose como concepto de comunicación al público los tres siguientes casos: actos de comunicación de una obra, la comunicación de ésta al público y que este público sea nuevo.

Por otro lado, indicó dos casos en los que no existe público nuevo: una puesta a disposición de obras mediante un enlace en el que se puede pulsar no conduce a comunicar dichas obras a un público nuevo y tampoco se considera que exista público nuevo el caso en el que al pulsar sobre un enlace en la página de enlaces la obra aparezca dando la impresión de que se muestra en la página del enlace, aunque dicha obra (ya publicada y libremente accesible en otra página de internet) proceda en realidad de otra página.

Con este ejemplo comprendemos que el tema de los agregadores, de la protección de derechos de autor y el enlace a contenidos no es un debate nuevo, aunque la mal llamada ‘tasa Google’ es pionera en regular los enlaces de contenidos a través de una entidad de gestión de derechos.

Ante esta cuestión, Baños se plantea las siguientes cuestiones: ¿Está el Estado español legislando más extensivamente de lo permitido por la legislación comunitaria? ¿Se adecúa la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual a las necesidades reales de los titulares de derechos en el mundo online? ¿Cuál es el punto medio a la hora de ponderar el derecho de autor y el derecho a la información y libertad de expresión? ¿Cómo debe delimitarse el concepto de “público nuevo” en el mundo online?

Para Baños son los Tribunales los que deben contestar estas preguntas, pero “no cabe duda de que es necesario delinear el derecho de autor en entornos digitales, pero esto debe hacerse acorde con los estándares comunitarios”.

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