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Ahora es Uber la que denuncia a España por violar leyes

UberUber no lleva bien que prohíban su actividad, y por ello ha dado la vuelta a la tortilla y ha decidido denunciar a España a la Comisión Europea.

La empresa estadounidense denuncia que la decisión de prohibir su actividad se debe a que se busca “proteger el monopolio del taxi”. Por eso, ayer hizo llegar una queja formal contra España ante la Comisión Europea.

El servicio de compartir coche ha alegado en esta queja que la legislación española y, sobre todo, la decisión judicial que frenó su actividad el pasado diciembre lastran sus intereses y los de los consumidores “para proteger el monopolio tradicional del taxi”. Mark MacGann, director del departamento legal de Uber, y uno de los firmantes de la denuncia, ha señalado lo discriminatoria, desproporcionada y contraria a varias normas europeas que ha sido la decisión tomada en España.

Y es que Uber no fue bien recibida en la península ibérica, por lo menos entre el gremio taxista. La Asociación Madrileña del Taxi se impuso y su demanda contra Uber acabó con el cierre de la página web de Uber. “Operamos en 20 de los 28 Estados de la UE y España representa un extremo en la regulación. Es uno de los países más conservadores, el único donde realmente se ha prohibido el servicio”, ha declarado MacGann.

Y es que en España solo ha quedado vivo – y en Barcelona – el servicio UberEATS, que reparte comida a domicilio.

En el documento registrado ayer en Bruselas figuran cinco tipos de violaciones, entre ellas de las directivas de comercio electrónico y de servicios, el principio de neutralidad tecnológica, la libertad de prestación de servicios y hasta la carta de derechos fundamentales de la UE.

La base de la queja de Uber se fundamenta en que su compañía, en cuyo accionariado participa Google, no se dedica al transporte de personas, sino a una intermediación electrónica “que ofrece un servicio social, un servicio de conexión de personas que deseen compartir su coche”, aunque en realidad el usuario elige trayecto —no se acomoda a la ruta del conductor— y paga unas tarifas fijas, en las que se incluye una comisión del 20% para la empresa.

Es decir, Uber dice ser similar – y por tanto pide un tratamiento análogo – a la venta de vuelos por Internet, que en última instancia comercializa un servicio transportes pero se regula en el marco de los servicios de la sociedad de la información.

Es por tanto turno de Bruselas para decidir si España debe cambiar su actitud o no hacia Uber. Y es que aunque la Comisión Europea ha defendido que la regulación de Uber es competencia estatal, Bruselas tiene competencia para actuar si concluye que se está transgrediendo normas comunitarias. La decisión que se tome tiene mucha importancia, pues detrás de España, van Francia y Alemania, que también han recibido sendas quejas formales.

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