La rápida adopción por parte de los usuarios de los nuevos modelos de economía colaborativa ha puesto a los servicios tradicionales en pie de guerra. Una nueva página de esta novela que parece que nunca llegará a un final concreto la han protagonizado los taxistas.

FEDETAXI, asociación bajo la que se agrupa alrededor del 40% de los taxistas en España, ha solicitado al Gobierno que estudie su situación actual ante el surgimiento de aplicaciones como Uber o Cabify.

Además, piden al Ejecutivo de Mariano Rajoy «compensaciones de las inversiones que los taxistas han llevado a cabo para cumplir con las exigencias establecidas para operar en el mercado de transporte de viajeros», tal y como se recoge en un comunicado hecho público por la asociación.

Estas compensaciones podrían, según el citado comunicado “tener forma de deducción fiscal o rebaja impositiva”. Un dinero que los taxistas creen que podría obtenerse mediante el ejercicio de un mayor control fiscal de las distintas apps que permiten el transporte de pasajeros y que operan en España.

El punto álgido de la situación reside en el aumento del número de licencias VTC que se están concediendo. Estas son necesarias para poder realizar el transporte de pasajeros y son las que utilizan actualmente los conductores de Uber.

La demanda de los taxistas reside en que el número de las licencias VTC siempre ha sido limitado pero los números reportan un crecimiento considerable en su concesión. Se ha pasado de las 3.474 licencias VTC existentes en enero de 2015 a 5.285 durante el mismo periodo del presente año.

Un número que aumentará paulatinamente según se vayan cerrando los procesos legales relativos a las solicitudes de licencias que habían sido denegadas anteriormente.

Una situación que podría traducirse en poco tiempo en hasta 10.000 licencias según los cálculos realizados por FEDETAXI.

Una de las grandes preocupaciones que muestran desde la organización hace referencia a los planes previstos por la Unión Europea. La intención de los organismos comunitarios pasa por la desregulación del servicio público del taxi en varios países del viejo continente entre los que se encuentra España.