Marketing

El telemarketing es la fórmula publicitaria más "odiada" por los españoles

El telemarketing es la fórmula publicitaria más "odiada" por los españolesMás de 223.000 españoles están inscritos en la lista Robinson de exclusión publicitaria y ocho de cada diez están especialmente en contra de la publicidad a través del teléfono, según ha explicado a la agencia Efe la asesora jurídica y responsable de este servicio a los consumidores, Sol Mestre.

Mestre ha apuntado que de los 223.134 españoles inscritos en la lista Robinson hasta el mes de agosto, 177.067 consumidores lo están para no recibir publicidad a través del teléfono, fijo o móvil, por lo que este canal publicitario es el que más molesta a los ciudadanos, por encima de los mensajes o los SMS telefónicos, los correos electrónicos o el correo postal.

Madrid y Barcelona son las ciudades que tienen más personas inscritas en la lista Robinson, mientras que Teruel, Ávila y Soria son las que cuentan con menos presencia en la lista. Por sexos, predominan más las mujeres, que suponen un 53% de los inscritos.

A través de internet, cualquier persona puede inscribirse en la lista Robinson de forma gratuita y señalar el canal a través del cual no desea recibir publicidad de entidades con las que no mantiene ni haya mantenido algún tipo de relación.

Por su parte, el director de Desarrollo Corporativo de la lista Robinson, César Tello, ha explicado que, desde el año 2009, los anunciantes tienen la obligación de consultar la Lista Robinson, que está gestionada por la Asociación Española de la Economía Digital, antes de enviar comunicaciones comerciales.

Las empresas tienen también la obligación de excluir a las personas que están inscritas en ella, puesto que su objetivo principal es garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas.

En el plazo máximo de tres meses, las personas inscritas dejan de recibir publicidad, pero si esto no sucede y la siguen recibiendo, el ciudadano puede denunciarlo a la Agencia de Protección de Datos (APD), que prevé multas que pueden alcanzar hasta los 60.000 euros.

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