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NO QUEREMOS LLAMADAS DE PROMOCIÓN, PERO NO HACEMOS NADA PARA EVITARLO

A pesar de las nuevas estrategias para llegar al consumidor, las llamadas telefónicas siguen siendo un recurso muy utilizado. Y ya no sólo las llamadas al teléfono fijo, ahora se tiene al teléfono móvil de aliado para alcanzar al cliente en cualquier instante y en cualquier lugar. Cualquiera puede ser víctima de las llamadas publicitarias, porque cualquier empresa tiene derecho a llamar si se figura en la guía telefónica.

“No hay una legislación clara, y eso favorece los atropellos de las empresas”, asegura Antonio Farriols, presidente de la Comisión de Libertades Informáticas (CLI), asociación de profesionales que luchan por la protección de datos. Durante 2005, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) abrió 264 investigaciones al sector de las telecomunicaciones, de las cuales, 80 terminaron en sanciones.

En cuanto al teléfono móvil, ninguna empresa, salvo el propio operador, tiene derecho a enviar mensajes publicitarios sin consentimiento expreso del destinatario. Aun así, el operador debe facilitar un procedimiento sencillo y gratuito para que el cliente se dé de baja. Pero a pesar de estar cansados de la publicidad, la gente no se da de baja. En Movistar, sólo el 2% de los clientes ha solicitado que no se utilicen sus datos con fines publicitarios. Existen diferentes formas de recopilar datos de usuarios de móviles. Algunos lo hacen a través de concursos en los que se regala saldo, o a través de los concursos en televisión.

En el caso de los fijos, otra forma de acabar con las llamadas de promoción es llamando a Telefónica y pedir que se borre el teléfono del listín. También está la opción de las Listas Robinson. Son listas a las que se apunta la gente que no desea recibir publicidad. En Estados Unidos funcionan muy bien, pero en España, a pesar de llevar 10 años funcionando bajo el auspicio de la FECEMD, sólo están anotadas 39.000 personas. Y es que en España, es el consumidor el que se tiene mover para que no le envíen publicidad, pero “la sociedad española no tiene iniciativa en estas cosas, poca gente está dispuesta a hacer los trámites”, afirma Raquel García Guillén, abogada, investigadora y autora de Spam y comunicaciones no solicitadas.

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