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¿PROPAGANDA OFICIAL O CENSURA PUBLICITARIA?

El Gobierno se ha reunido recientemente con las comunidades autónomas para hacer una “primera aproximación” de la que será la futura Ley de Publicidad Institucional. Para ello, propuso la creación de un “procedimiento administrativo sumario” que adjudicaría al Estado el poder de suspender las campañas publicitarias institucionales que no considerase adecuadas.

El punto de partida fue el compromiso del presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de evitar la propaganda oficial. Para ello, pretenden poner un límite de común acuerdo con las comunidades a la publicidad institucional. Por el momento, tan sólo se ha presentado un borrador, y éste ya ha causado impresiones contrarias entre los presentes. Esteban González Pons, conseller de la Comunidad Valenciana, definía este texto como “una ley mordaza para las comunidades” y afirmaba que “es el gesto más centralista de un Gobierno central”.

La principal crítica apunta a que la Constitución permite al Estado el dictado de leyes de bases sobre los contratos administrativos y la responsabilidad de las administraciones, pero en ningún caso habla del contenido de las mismas. Por este motivo, González Pons ha declarado que lo que se establecería sería “un sistema de censura”.

Aunque el portavoz de la Vicepresidencia Primera asegura que el objetivo del Gobierno es “establecer una regulación uniforme de la publicidad oficial”, sin duda, hay quien ve en esta iniciativa otra intención. El conseller valenciano afirma que será un órgano dependiente del Gobierno quién decida la suspensión de campañas autonómicas, evitando así que el Ejecutivo tenga que responder ante situaciones como las que tuvieron lugar con los anuncios del Plan Hidrológico Nacional de Aragón o Andalucía contra el Gobierno del PP.

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