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BlaBlaCar cumple su palabra y denuncia a la Comunidad de Madrid

blablacarTal y como anunció, BlaBlaCar ha denunciado a la Comunidad de Madrid por los expedientes sancionadores impuestos. La multinacional de economía colaborativa consideró que las tramitaciones vulneran el derecho "a la libre prestación de servicios y a la libertad de establecimiento". Y su respuesta no se hizo esperar.

Apenas una semana después conocerse la noticia, Jaime Rodríguez de Santiago-Concha, director general de BlaBlaCar en España y Portugal, confirmó haber presentado una denuncia contra la Comunidad de Madrid el lunes 21 de noviembre a las 20 horas, según se hizo eco El Economista.

La Comunidad de Madrid fue el primer organismo europeo en imponer una sanción a la compañía de transporte compartido. Concretamente se estableció una multa que supera los 8.000 euros, penando una supuesta operación cual compañía de transporte sin autorización a tal efecto. Además de la imposición de sanciones a BlaBlaCar, se sancionó a dos usuarios de la tecnológica "sin fundamento legal aplicable", en palabras de la multinacional.

La Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid consideró que los servicios vulneraban los artículos 140.2 y 141.7 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). Penaron "facilitar en nombre propio servicios de transporte público de terceros sin ser previamente titular de una autorización" además de "ofertar servicios de transporte público de viajeros sin disponer del título de habitante".

Tras conocerse la noticia, BlaBlaCar tranquilizó sus más de 3 millones de usuarios en España emitiendo un comunicado. "Compartir coche es igual de legal hoy que ha sido siempre. Y es un derecho que vamos a defender hasta el final", reza la misiva, firmada por Rodríguez de Santiago-Concha.

En la denuncia a la Comunidad de Madrid, la compañía de viajes compartidos reclama asimismo los daños a su percepción por el público en general. Los procedimientos, "desproporcionadamente acentuados por las declaraciones públicas de las autoridades de la Comunidad de Madrid, producen un grave daño reputacional al sembrar dudas sobre la legalidad de su actividad" afirma la multinacional.

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