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Las consecuencias empresariales y socioeconómicas del referéndum

Los datos y previsiones hablan: ¿es viable Cataluña como una "marca" independiente?

El 1 de octubre, a pesar de tratarse de un movimiento completamente fuera de la legalidad, Cataluña celebrará el referéndum orquestado por Carles Puigdemont y los partidarios de la independencia.

Desde que este fuera convocado el Estado español puso en marcha toda su maquinaria judicial y administrativa con el objetivo de frenar un acto que carece de validez legal alguna. A pesar de todo y, tras muchos contratiempos, la votación (no vinculante) sigue en marcha.

Lo cierto es que, aunque muchos no lo sepan, el referéndum ilegal fijado en el calendario para el 1 de octubre será el quinto intento de independencia de Cataluña desde 1492. Un dato que debería ser tenido en cuenta a la hora de valorar los motivos que han llevado a una parte de los catalanes a querer separarse del resto de España.

Los argumentos actuales parecen centrados en los recortes derivados de la crisis económica, el fallido Estatuto o el expolio fiscal al que algunos catalanes consideran que está siendo sometida Cataluña por parte del Estado.

Los distintos intentos de independencia de Cataluña han coincidido siempre con momentos de crisis o dificultades económicas. Fechas que recuerdan desde el diario El País son por ejemplo el pinchazo de la burbuja del ferrocarril en 1864 o el Arancel de Cánovas establecido en 1892 tras la fuerte crisis económica sufrida entre 1867 y 1868 entre otras.

Resulta imposible negar que el problema de la independencia de Cataluña reside en factores políticos y sociales. Pero la carga económica juega un papel fundamental ante la posibilidad de una futurible Cataluña independiente. Y este es precisamente el punto de partida del análisis que queremos efectuar a lo largo de estas líneas: ¿tiene realmente futuro la marca Cataluña independiente?

Las raíces económicas del referéndum independentista

El 1 de octubre Cataluña intentará celebrar el referéndum separatista ilegal. Un momento crucial para España a pesar de que este no es vinculante, sus consecuencias van a repercutir en la economía de España y en las decisiones de los inversores tanto nacionales como internacionales ante la imagen que está proyectando.

La maquinaria judicial y legal del Estado ha intentado detener por todos los cauces legales la votación, por lo que es probable que esta se limite y concentre en determinadas áreas en vez de la gran cita planeada por Puigdemont.

Según los datos recogidos por Bloomberg, el grueso de votantes catalanes a favor de la independencia se situaría en el 16% del total de la población de la región. Un porcentaje nimio en términos de inversión. Pero ese no es el problema. La preocupación nace de las palabras de Puigdemont que ha asegurado que su gobierno podría declarar la separación unilateral de España pocos días después del referéndum.

La idea de que sólo el 16% de la población de la nación podría reducir las fronteras de España y escapar de sus leyes y obligaciones fiscales no es lo que concierne a los inversores. En cambio, es lo que los secesionistas hacen a continuación. El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha sugerido que el gobierno regional separatista podría declarar una separación de España en cuestión de días después del resultado del voto.

Con este escenario de fondo hemos escuchado muchos argumentos sobre los que los independentistas refuerzan su objetivo. Mucho se ha hablado estas semanas sobre la riqueza que genera Cataluña y su aportación a las arcas estatales. Pero, ¿por qué no se habla de la división de la sociedad catalana?

Referéndum y sociedad

De acuerdo a los datos publicados por el centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO) de los que se hacen eco en el diario El País, solo el 32% de los catalanes con ingresos familiares que se sitúan por debajo de los 900 euros quieren la independencia.

La independencia es mucho más defendida entre los que más dinero ganan. La gran mayoría de los separatistas cuentan con rentas mensuales por encima de los 1.800 euros. El porcentaje de los defensores del sí asciende hasta el 54% entre los que ganan más de 4.000 euros.

Este gráfico elaborado por Kiko Llaneras para El País en base a los datos del CEO de junio 2017 muestra una certera fotografía.

Los inversores: ¿realmente existe preocupación?

La consultora Informa, responsable de la medición del movimiento efectuado por las empresas dentro del territorio español, hacía públicos el pasado mes de junio unos datos preocupantes.

En los últimos años se ha producido en Cataluña la fuga de 1.072 compañías. En términos netos 217 empresas dejaron Cataluña en 2013. La cifra se situó en las 322 en 2014 mientras que fueron 254 en 2015. El 2016 se despidió con la salida de otras 279 empresas.

Desde este medio hemos tenido la oportunidad de hablar con Josep Bou, presidente de Empresarios de Cataluña para conocer las primeras reacciones tras la convocatoria del referéndum. Bajo esta organización se agrupan casi 500 empresarios y directivos contrarios a la independencia.

Una noticia que afirma ha recibido con “estupor”, ya que “lo que se está pretendiendo es derogar la Constitución en Cataluña”. Hecho que, según sus palabras, se traduciría en una “inseguridad jurídica”.

“Una situación que podría perjudicar a Cataluña en función de cómo se sigan produciendo los acontecimientos”. “Cataluña puede acabar muy tocada”, ha afirmado.

Aunque ha señalado que la inversión extranjera en la región se ha mantenido positiva la tensión está creciendo. Cree que el avance e inciertas consecuencias del referéndum podrían suponer un “frenazo en seco”. “Esperamos que esta situación no llegue a más porque no va a acabar bien”.

Unas palabras que se complementan con los resultados del informe elaborado el pasado mes de junio por la consultora EY.

De acuerdo a este el 65% de las empresas medianas catalanas opina que la principal preocupación del Gobierno catalán debería ser “mejorar las relaciones territoriales” con el resto de España. Un resultado que se ha incrementado en 20 puntos respecto a 2016.

Las consecuencias negativas

El Ministerio de Economía se ha encargado en numerosas ocasiones de señalar que la independencia de Cataluña tendría consecuencias muy negativas tanto para la región como para el resto del país. Se produciría un empobrecimiento de la sociedad catalana con una caída a corto plazo de su PIB de entre el 25% y el 30%.

Datos a los que tenemos que sumar la duplicación del número de parados y la pérdida del euro como su moneda. Tal y como recogen en el diario ABC las exportaciones de Cataluña representan el 25,6% del total de España.

Un buen porcentaje que descendería en un futurible escenario en el que fuese independiente. Cataluña tendría que enfrentarse a los fuertes aranceles impuestos por una Unión Europea de la que conviene recordar que se encontraría fuera.

Tal y como señalan desde la citada cabecera Cataluña tendría que hacer frente ante una futurible independencia al posible boicot de sus productos por parte del resto de España. Las ventas de las compañías catalanas en el resto del país suponen 44.000 millones de euros, superando así los 60.000 millones de euros en exportaciones al resto del mundo.

Recordemos además que una Cataluña independiente necesitaría firmar acuerdos bilaterales con los países de la Unión Europea para poder exportar y eliminar los aranceles. El pero que se encontraría reside en el hecho de que la aprobación de estos requiere de una mayoría cualificada a favor de los estados miembros.

Los datos aquí expuestos son informaciones económicas sin ningún tipo de sesgo o intención ideológica. Se trata de un análisis que tiene por objetivo plantear el origen, estado actual y posible futuro de una Cataluña independiente y las consecuencias que el planteamiento y desarrollo del referéndum ha tenido, tiene y tendrá desde el punto de vista empresarial y socioeconómico.

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