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Gallina Blanca exige 72 millones a la Comunidad de Madrid por los terrenos de Rock in Rio

gallina blanca

La firma del Grupo Agrolimen reclama al Gobierno regional de Cristina Cifuentes la astronómica cifra de 72,5 millones de euros. El motivo, la mala gestión de una operación urbanística iniciada en el 2005, según publicaba el diario El Mundo.

Hace once años, la administradora de propiedades Arpegio adquirió a Gallina Blanca un conjunto de parcelas entre los municipios de Arganda del Rey, Morata de Tajuña y Perales de Tajuña.

Estas parcelas se valoraron en 20 millones de euros, y una porción de su superficie acabaría constituyendo la Ciudad de la Música madrileña, donde se celebra el festival Rock in Rio. Gallina Blanca y la Comunidad de Madrid, presidida en aquel momento por Esperanza Aguirre, pactaron dos métodos de pago; unos cinco millones a la firma en efectivo y el resto en especie, parcelas urbanizadas por Arpegio en otras ubicaciones madrileñas.

Estos acuerdos, que han terminado en los tribunales, se gestaron en 2005, cuando Francisco Granados presidía Arpegio (recordemos que actualmente se encuentra en prisión provisional por la “operación Púnica”).

La estimación de las parcelas otorgadas por Arpegio a Gallina Blanca se acordó en el 26% de los beneficios obtenidos en Arganda, Morata y Perales. Concretamente pactaron en que la cifra correspondiente al 26% serían unos 203.000 m² edificables.

El precio de las parcelas se estimaba en veinte millones y ya se habían cobrado los cinco primeros en efectivo, por lo que se desconoce cómo se ha obtenido la cifra demandada de 72,5 millones de euros. La parte demandante apunta a “un experto independiente”.

Cuando dio comienzo la recesión económica, el sector inmobiliario fue el más severamente afectado y por tanto se paralizaron numerosas urbanizaciones de parcelas. Estos acontecimientos condujeron a la demora del pago con Gallina Blanca, mas la compañía aún no se planteó denunciar.

Desde la Comunidad de Madrid y Arpegio mostraron a lo largo de los años su intención de satisfacer la deuda contraída con la empresa de sopas y caldos. Aun así, los retrasos en el pago continuaron hasta 2015, de acuerdo a los denunciantes. Ese mismo año, se paralizaron también las negociaciones a causa del cambio de Gobierno.

A lo largo de este año y el anterior, el Gobierno de Cristina Cifuentes ha intentado renegociar las condiciones con Gallina Blanca. No obstante, la firma ha optado por reclamar en un juicio el “cumplimiento por equivalencia”. Será el próximo 23 de junio cuando la Comunidad de Madrid habrá de contestar a la demanda.

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