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La CNMC le declara la guerra al taxi... y ahora también al Gobierno

platanoLa llamada guerra del taxi está más abierta que nunca y, esta vez, con nuevos actores en la batalla. Si hace unos meses las protestas de conductores del transporte público se hicieron notar en la capital madrileña y, la sentencia que prohibía operar a Uber en España calmó un poco los ánimos, ahora parece que los nervios están más caldeados que nunca.

Y no solo los taxistas vuelven a sacar las uñas ante la vuelta del servicio de transporte a nuestro país, esta vez con todas las condiciones en regla, sino también la CNMC en cuyo seno la polémica está servida.

La publicación de un informe sobre la economía colaborativa que denunciaba el monopolio que supone el sector del taxi y apostaba por garantizar la competencia del mercado con la entrada de nuevos actores y la eliminación de barreras que beneficien a los consumidores ha provocado la división interna en el organismo regulador.

Ahora, la CNMC está dispuesta a llegar hasta el final en esta batalla y ha abierto un nuevo frente contra el gobierno. La aprobación por parte del ejecutivo de un decreto a tan solo un mes de las elecciones y cuyo objetivo era garantizar la protección del sector del taxi ante la inminente llegada de Uber.

Así, para el organismo, este decreto contiene varios puntos que suponen un freno a la libertad de competencia en el sector y, por ello, envió una petición de modificación al Consejo de Ministros el pasado 14 de enero que no tuvo respuesta.

Posteriormente, el 9 de febrero, remitió ese requerimiento al Ministerio de Fomento con el mismo resultado. Ahora, ha decidido ir hasta el final por la vía de la justicia a través de un recurso contencioso-administrativo que resolverá la Audiencia Nacional.

Los tres puntos de la disconformidad «son contrarios a los principios de promoción de la competencia efectiva y la regulación económica eficiente», según asegura el propio organismo.

Así, el decreto limita el número de licencias VTC a 1 por cada 30 de taxi e incluía la denegación de licencias en caso de desequilibrio entre oferta y demanda.

Además, otra de las quejas se refiere a la obligación de contratar previamente un servicio, la prohibición de realizar servicios sin contrato de arrendamiento, la obligación de contar con un mínimo de 7 vehículos o la limitación de los servicios fuera de la comunidad autónoma de obtención de la licencia.

Ahora solo queda esperar a que sea la Audiencia Nacional la que se decante por abrir las puertas al ya inevitable nuevo mercado o, si por el contrario, hace oídos sordos a las demandas sociales de variedad de ofertas y mejores servicios.

 

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