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Las campañas electorales se podrían aprovechar de la nueva ley europea de protección de datos

La nueva ley europea de protección de datos beneficia el spam electoral

Expertos de la UOC analizan la protección de datos que permite enviar propaganda por mensajería y recopilar informaciones e opiniones colgadas en las redes

protección de datosLa aprobación de la Ley orgánica 3/2018 de protección de datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) ha hecho que se añada un nuevo artículo a la ley electoral: el 58 bis, permitiendo que los partidos recopilen y utilicen datos sobre opiniones políticas de la ciudadanía durante la campaña electoral y envíen propaganda electoral por sistemas de mensajería o la contraten en las redes sociales.

El Defensor del Pueblo ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 58 bis y el Tribunal Constitucional lo ha admitido a trámite. A la espera de que el Tribunal se pronuncie y con la campaña para las elecciones generales en puertas, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha acabado emitiendo una circular para clarificar la situación.

Miquel Peguera, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, explica que el polémico artículo 58 bis "aprovecha una posibilidad que deja abierto este reglamento europeo. de manera difícilmente comprensible, la LOPDGDD ha dado por hecho que el funcionamiento del sistema democrático español exige que los partidos políticos recopilen datos sobre las opiniones políticas de los ciudadanos".

Por su parte, Mònica Vilasau, profesora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, indica que, aunque la nueva LOPDGDD es muy restrictiva sobre el tratamiento de datos ideológicos, la modificación de la LOREG a través del artículo 58 bis lo es menos en el caso concreto de la propaganda y la campaña electoral.

La circular emitida por la AEDP para concretar el artículo 58 bis señala que los partidos políticos o las empresas a las que contraten deberán obtener los datos sobre opiniones políticas de la ciudadanía de fuentes totalmente públicas, como webs o redes sociales abiertas. Además, los deberán tratar de manera anónima, agregada o con seudónimos y deberán ofrecer el derecho a oposición, rectificación y supresión, ya sea de manera directa o simplemente en sus páginas web.

Los dos expertos de la UOC recalcan que los partidos deberán hacer una evaluación del impacto de protección de datos, que "es un requisito previsto cuando se estima que puede haber riesgo para los derechos de los interesados", detalla Peguera. "Habrá que consultar a la AEPD antes de efectuar el tratamiento", destaca Vilasau.

Sin embargo, la circular genera dudas, como las que plantea Peguera: "La circular de la AEPD admite que se pueden utilizar datos como números de teléfono o correos electrónicos para enviar propaganda electoral, lo que no cuadra con la exigencia de que los datos sobre opiniones políticas se recopilen de manera anónima".

La ciudadanía tiene maneras de ejercer sus derechos. Para Vilasau, "la mejor opción es recurrir al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento u oposición". En este sentido, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, una de las entidades que se ha mostrado más beligerante respecto a la nueva norma, hizo público hace unas semanas un formulario para impedir el rastreo ideológico.

La opinión de Peguera va en la misma línea: "podemos dirigirnos a los partidos para manifestar nuestra oposición al tratamiento y también para preguntarles si tienen datos nuestros y cuáles son", resume.

En cualquier caso, recuerda el experto, "expresar opiniones políticas abiertamente es un derecho básico y no deberíamos dejar de hacerlo, pero debemos tener las garantías de que no se hará un uso inapropiado de estos datos y exigir que no se usen sin nuestro consentimiento".

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