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Las organizaciones de consumidores consideran pequeñas las sanciones por publicidad engañosa

Local Input~ FP Illustration "Pinnochio" Illustration by Chloe Cushman.La publicidad engañosa no está demasiado penalizada en España. El Instituto Nacional de Consumo llamó la atención a las operadoras de telefonía móvil el pasado mes de noviembre por no incluir en sus publicidades los precios con IVA. Días después fue Vodafone quien demandó a su competencia ante Autocontrol por no cumplir con la nueva normativa.

Desde el departamento legal de CECU, según recoge eldiario.es, “las prácticas engañosas por excelencia son la falta de información, la información deficiente y las omisiones. Constatamos continuamente que la publicidad y la información previa facilitadas al consumidor omiten datos relevantes que, en muchos casos, de haber sido conocidos por éste, le habrían llevado a no suscribir el contrato”. Las dificultades a la hora de entender los contratos entran también en este saco, lo que hace que los usuarios se confundan a la hora de firmar.

¿Y cuáles son las sanciones? Pues las penalizaciones se quedan en nada, ya que las multas no superan las decenas de miles de euros. Un ejemplo llamativo es el de Apple. La compañía fue multada el pasado mes de julio con 47.000 euros porque decía que las baterías de sus productos tan sólo duraban un año, cuando en realidad son dos años, y venderles una ampliación.

Así, la CECU ha indicado que quiere que se den a conocer los expedientes y el importe de las sanciones pues “es información valiosa para el consumidor a la hora de ayudarle a decidir si contrata o no con una determinada empresa, menoscaba la imagen de la propia entidad, lo que llevaría implícito un interés de ésta para cumplir la normativa y así mejorar dicha imagen”, recoge eldiario.es. En el caso de España, destaca la multa que la Junta de Andalucía puso a la compañía encargada de la comercialización de pulseras milagrosas. La sanción fue de 15.000 euros.

El consumidor se siente estafado. ¿Qué debe hacer? Ante todo reclamar, siempre que haya vulneración de sus derechos como consumidor. “El consumidor debería exigir el cumplimento de las normas y el respecto de sus derechos y ponerlo en conocimiento de la Administración, a través de la OMIC, para que ésta inicie el expediente sancionador correspondiente”, señalan en la CECU. Sin embargo, el tiempo de espera para resolver el conflicto es largo y las multas muy pequeñas, de ahí que el consumidor se desanime. 

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