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Joel Márquez Director de cuentas de LF Channel 

Los influencers son profesionales, y como tal deben someterse a la regulación de su actividad 

influencers con coloretes

Las redes sociales han tenido un impacto inmenso en los trabajadores del marketing, quienes han tenido que adaptarse a las nuevas tendencias para sacar el máximo partido a sus campañas. Pero entre todas las posibilidades que ofrecen las plataformas sociales en este momento, hay una que destaca por encima del resto: los influencers. Aunque siempre han existido personalidades con la capacidad de influir en grupos y sectores de la sociedad, ahora estamos ante una de las profesiones más demandadas. Según la última encuesta ¿Qué quieres ser de mayor? realizada por Adecco, los niños españoles entre 4 y 16 años sitúan la profesión de youtuber como su opción laboral favorita. Además, la Alianza de Estándares para la Publicidad Europea (EASA) calcula que se invertirán 4.250 millones de euros en publicidad basada en influencers al finalizar este año en Europa, una cifra que ascendería hasta los 6.230 millones en 2027. 

Esta profesionalización de los influencers requiere de una regulación legislativa que controle su actividad, y así lo hace la última actualización de 2022 de la Ley General de Comunicación, también conocida como «Ley de influencers«.?Han pasado 12 años desde la aprobación inicial de esta normativa, por lo que ahora incorpora nuevas e importantes medidas en cuanto a las condiciones que deben cumplir los contenidos y la publicidad de Internet generada por los influencers, así como una renovación de la tributación, donde se incluye el pago de impuestos por parte de estos. Pero veamos poco a poco todas estas novedades. 

La nueva normativa pretende concretar qué prestadores de servicios deben atenerse a lo establecido en la ley, también en materia fiscal. En este sentido, especifica que se tendrán en cuenta los casos donde se inicie por primera vez la actividad en España y se mantenga «un vínculo estable y efectivo con la economía española», aunque el prestador no resida en el país. También incluye las actividades donde se utilice «un enlace ascendente con un satélite situado en España» o «una capacidad de satélite perteneciente a España». ¿Y qué quiere decir todo esto? En resumen, el objetivo es regular a los influencers que emigran fuera del país para beneficiarse de regímenes fiscales menos duros, como es el caso de Andorra. De esta forma, cualquier streamer o youtuber que pretenda llegar al público español con su contenido deberá atenerse a lo establecido en esta ley, aunque todavía no están claros en su totalidad todos los detalles normativos. 

Otra de las novedades consiste en la determinación de los usuarios considerados «especialmente relevantes», que en definitiva son todos aquellos que pretendan conseguir un rédito económico con su actividad en Internet, cuyos contenidos sean de carácter informativo, educativo o de entretenimiento y que tengan el poder de impactar en el público general. Quienes encajen en esta definición, que remite sin ninguna duda a los influencers, estarán obligados a cumplir con las obligaciones que establece la ley. Entre ellas, se incluye la inscripción en un Registro Estatal para tener un mayor control de sus actividades comerciales o la necesidad de diferenciar los contenidos publicitarios de los editoriales. 

Además, estos usuarios «especialmente relevantes» también deben asegurar el respeto a la igualdad de género, a la dignidad humana o a las personas con discapacidad, según los principios generales de la Ley 13/2022. Asimismo, la normativa les obliga a proteger a los menores de edad proporcionando mecanismos de control parental y a incluir una advertencia en los contenidos que puedan afectar al desarrollo físico, mental y moral de los usuarios. De no cumplir con alguna de estas obligaciones, los influencers podrían enfrentarse a sanciones económicas entre los 10.000 y los 150.000 euros, dependiendo de la gravedad.  

En definitiva, esta nueva actualización de la Ley General de Comunicación pretende solucionar algunas carencias legislativas en materia de fiscalidad y protección de derechos fundamentales. Por tanto, su objetivo final es garantizar que los contenidos publicados en Internet de carácter lúdico o comercial ejerzan una influencia consciente y responsable con su público. Es imprescindible que los influencers y las empresas que colaboren con ellos se suscriban a este compromiso para hacer de Internet una herramienta útil y positiva para la sociedad. 

Joel Márquez, director de cuentas de LF Channel 

 

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